Pocos días después de que la Junta pusiese pegas a las nuevas tarifas de Tussam y a la refinanciación de la deuda de Lipasam, el Ayuntamiento de Sevilla recibe un nuevo varapalo de un organismo ligado a la Administración autonómica. En este caso de trata del Consejo Consultivo de Andalucía, un órgano asesor al que la corporación sevillana elevó un informe sobre su intención de gravar con un 50% más de IBI a los propietarios de pisos vacíos. La respuesta ha sido taxativa: el Ayuntamiento no puede imponer este recargo, aprobado en plena efervescencia de la burbuja especulativa inmobiliaria. Y no puede hacerlo por la sencilla razón de que no cuenta con el soporte jurídico para llevarlo a la práctica. Existe una ley que ampara este derecho -la de Haciendas Locales-, pero para que se pueda imponer el recargo se necesita definir vía reglamento de la ley qué se entiende por una vivienda desocupada. ¿Y cuál es el problema entonces? Pues que cinco años después de la aprobación de la norma, el Gobierno Central aún no ha desarrollado su reglamento y, en consecuencia, sigue sin otorgar amparo a la imposición del gravamen. Lo que extraña de todo este asunto es que el Gobierno municipal ya sabía de este problema jurídico sin necesidad de acudir al Consejo Consultivo, que no ha hecho más que repetirle lo mismo que ya se les dijo desde el Ministerio de Hacienda, desde la Junta, desde la FAMP y hasta desde el propio PSOE. El Gobierno local ha salido al paso de este nuevo revés arguyendo que no tenía ningún interés recaudatorio sino el mero afán de cumplir con la legalidad. Será así, pero se entiende bien poco su contumacia en intentar aplicar ya el recargo y se comprende menos todavía que, a sabiendas de la imposibilidad jurídica de aplicarlo, haya mandado más de mil cartas a vecinos en las que les reclamaba que pagasen el gravamen de sus pisos vacíos. ¿Y si éstos hubieran decidido pagar el recargo? ¿Acaso tenían que saber que el Ayuntamiento le mandaba el recargo para ver qué alegaban en contra? Incomprensible.
