El fiscal mantuvo los diez años de prisión para la niñera acusada de la muerte de un menor, aunque aceptaría rebajar a dos años si finalmente el jurado popular considera que el fallecimiento fue un homicidio imprudente. Los psicólogos dijeron que la joven carecía de capacidad para resolver sus problemas.
El juicio a la niñera boliviana acusada de la muerte de un menor discapacitado, después de dejarlo solo casi 48 horas, quedó ayer visto para el veredicto. Antes, la Fiscalía mantuvo los diez años de prisión que solicita para la joven, Irene C.C., por un delito de homicidio, aunque modificó sus conclusiones para que, en el caso de que el jurado no la considere autora de este delito, se le condene a dos años de prisión por homicidio imprudente.
La acusación particular, por su parte, mantuvo su petición inicial y solicitó diez años de prisión por un delito de homicidio, sin contemplar la posibilidad de la imprudencia. La defensa de la joven solicitó su libre absolución y, en caso contrario, que se consideren los hechos una falta de imprudencia leve con resultado de muerte, o falta grave con el mismo resultado. En cuanto a las indemnizaciones, el fiscal mantuvo los casi 91.000 euros que reclama para los padres y los 46.130 euros para las tres hermanas. Una reclamación que la acusación particular eleva a 92.000 euros para la pareja y 51.000 para sus hijos.
En la jornada de ayer declaró el psicólogo de los juzgados, que examinó a la acusada cuando estaba en prisión, y un psiquiatra propuesto por la defensa. Ambos coincidieron en que la joven sufrió en el momento de los hechos, el fin de semana del 26 de agosto de 2006, un "estrechamiento de la conciencia" provocado por lo que denominaron "rigidez cognitiva". Es decir, la joven, tras perder las llaves en una discoteca, "no veía otra alternativas más que buscar al joven que se las llevó", sin que fuera capaz de poner en práctica otras soluciones.
En esta situación de bloqueo u obsesión, como ella misma la denominó en su declaración, se vio influida por "su miedo a la Policía", pues los peritos concluyeron que la procesada "tiene muchísimo miedo a todo lo que tenga que ver con la autoridad", ya que de niña "sufrió malos tratos por parte de su padre" y fue violada a los ocho años por su tío, según les relató la joven, cuyo coeficiente intelectual está un punto por debajo de la media.
Sin embargo, todo ello no le impedía "ser consciente de que podía acarrearle un problema grave al niño", pues no presenta ninguna enfermedad mental que afecte a su capacidad de razonar. Es más, los expertos señalaron que hasta el momento que la joven perdió la llave "no mostró preocupación alguna" por el hecho de que el niño estuviera solo en la casa.
La joven había sido contratada por los padres del menor para su cuidado dos meses antes de que ocurrieran los hechos, según han explicado los padres, aunque ella dijo el lunes que fue "exclusivamente" para las tareas del hogar. El 26 de agosto el matrimonio se marchó a Ceuta, quedándose ella a cargo del menor, que sufría una parálisis cerebral y ni comía, ni se movía, ni hablaba. Esa misma noche, la niñera dejó al niño de ocho años dormido y se marchó a una discoteca con unos amigos. Allí entregó las llaves del piso a un joven como prueba de que no se marcharía, pero él se fue sin avisarla. La joven intentó entonces localizarlo, aunque en ningún momento pidió ayuda ni lo contó a nadie. El pequeño fue localizado por sus padres la tarde del lunes muerto por deshidratación, tal y como confirmaron ayer los forenses que hicieron la autopsia a su cadáver.
Según estos peritos, el menor, que pesaba poco más de 11 kilos, murió entre las 10.30 horas y las 12.30 horas del día 28 por un fallo multiorgánico al no beber agua. Además, confirmaron que "hasta una persona adulta en verano, en Sevilla, puede morir si está 48 horas sin beber".
