La denuncia que los detractores de la torre de Cajasol presentaron en la Fiscalía no será investigada. El Ministerio Público la ha archivado, según informaron ayer las partes, al considerar que no hay indicios de un presunto delito de prevaricación cometido por la Gerencia de Urbanismo al aprobar el Plan Especial de Reforma Interior (PERI) de la torre, según denunciaron ciudadanos y asociaciones de defensa del Patrimonio. De hecho, en la narración de los hechos se citaba al entonces gerente, Manuel Marchena, y al director técnico, José Manuel Chinchilla, según explicó el abogado de los denunciantes, Ángel Tarancón, que ayer confirmó el archivo de la denuncia por parte del fiscal.
De esta manera, el proyecto diseñado por César Pelli (un rascacielos con 178 metros de altura junto al edificio de Torretriana en la Cartuja y un presupuesto de 311 millones) vuelve a sortear con éxito uno de sus frentes abiertos.
El pasado 30 de abril, un auto del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) rechazó el recurso de súplica planteado por la plataforma en contra de la torre tras la última decisión de la Junta de Andalucía de proseguir con los trabajos de cimentación. El auto era, en realidad, un mero trámite, ya que se limita a dar por válidos los motivos que la Junta dio y fueron recogidos en un auto anterior. El 25 de julio empezará en Brasilia la reunión del Comité del Patrimonio Mundial para, entre otros muchos asuntos, aclarar si el rascacielos diseñado por César Pelli agrede el triángulo Alcázar-Catedral-Archivo de Indias, conjunto Patrimonio de la Humanidad desde 1987. Si la Unesco hace suya la opinión de Icomos, Sevilla podría incluirse en la lista de Patrimonio Mundial en Peligro, antesala de la retirada del distintivo por el que muchas ciudades suspiran.
Eso sí, el Comité podría optar por medidas light, como endurecer la llamada de atención a los promotores.
El archivo de la denuncia por parte de la Fiscalía se produce después de que Fernando Mendoza, arquitecto e impulsor del manifiesto en contra de la construcción de la Torre Cajasol, sostuviese en una rueda de prensa que el PERI vulnera "50 normas del PGOU", como no contar como superficie construida ascensores y escaleras.
Además, el pasado 24 de febrero se presentó el escrito de interposición de un recurso ante el Juzgado Contencioso-administrativo número 14 de Sevilla que solicita la anulación de la licencia de obras. El juzgado sigue a la espera de que la Gerencia le remita los documentos requeridos.
La plataforma, que considera que el impacto del edificio será perjudicial para el patrimonio de la ciudad, tiene abierto estos frentes judiciales para tratar de frenar las obras hasta que exista un dictamen definitivo de la Unesco. Pero hasta ahora no tuvo éxito.
