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El fiscal pide cárcel para el ex alcalde de Armilla por prevaricación urbanística

El fiscal solicita la demolición "total" del centro comercial Nevada en Armilla por su supuesta tramitación irregular, y pide dos años de cárcel y 20 de inhabilitación para el ex alcalde, José Antonio Morales y el ex edil de Urbanismo, Gabriel Cañavate, por prevaricación en la ordenación del territorio.

el 15 sep 2009 / 22:13 h.

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El fiscal solicita la demolición "total" del centro comercial Nevada en Armilla (Granada) por su supuesta tramitación irregular, y pide dos años de cárcel y 20 de inhabilitación para el ex alcalde, José Antonio Morales (PSOE) y el ex edil de Urbanismo, Gabriel Cañavate, por prevaricación en la ordenación del territorio.

En su escrito de acusación provisional, el fiscal también reclama a ambos una multa de 10.800 euros y les imputa otro delito de infidelidad en la custodia de documentos públicos. Para el promotor del centro, el empresario Tomás Olivo -imputado en el caso Malaya-, pide dos años y dos meses de cárcel, otros dos de inhabilitación y la misma multa. A los ocho acusados restantes -cuatro concejales, dos arquitectos, un abogado y una letrada de la Diputación- les reclama ocho años de inhabilitación.

Los hechos se remontan a 2005, cuando el Ayuntamiento de Armilla aprobó el plan parcial en el que se ubicaría el Nevada, que contó con un informe negativo de la Consejería de Obras Públicas, pese a lo cual, el edil de Urbanismo propuso llevarlo a pleno, que lo aprobó definitivamente.

En la tramitación municipal sólo constaban un informe favorable de un arquitecto externo al Ayuntamiento y dos informes jurídicos de un abogado externo y de una funcionaria de la Diputación, todos ellos acusados. No se incluían -como requirió la Junta- informes del arquitecto ni del letrado municipales, documento este último que, según el fiscal, fue "deliberadamente sustituido" por el alcalde, conocedor de que era desfavorable.

Durante todo el proceso, el Ayuntamiento "desoyó íntegramente" los requerimientos de Obras Públicas, que apreció "graves irregularidades" en la ubicación de espacios libres y contradicciones entre el plan parcial y las normas subsidiarias. La Junta de Gobierno Local aprobó la concesión de la licencia de obras.

La Fiscalía se personó en el caso a raíz de una denuncia del PP y en su escrito señala que pese a la paralización de las obras, cuando el promotor recibió autorización para realizar sólo las relativas a asegurar la estructura, éste "impartió instrucciones para proseguir normal pero ocultamente la ejecución del proyecto". Por ello, reclama la paralización efectiva hasta el juicio y en su acusación pide la demolición total de lo construido y que se prohíba disponer de las fincas que componen el perímetro del proyecto del centro.

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