El Gobierno de España prepara un cambio legislativo sobre las televisiones públicas autonómicas. Se trata con él, dicen, de posibilitar la privatización de las mismas a las CCAA que lo deseen. Y en caso contrario, facilita la prestación indirecta del servicio mediante la externalización en manos de empresas privadas. A las que rechacen ambas posibilidades les somete a una estricta disciplina presupuestaria que impida la acumulación indefinida de déficits tanto estructurales como operativos.
El Gobierno andaluz ya se ha pronunciado tajantemente (los dos partidos que gobiernan) por la continuidad de Canal Sur como entidad pública prestadora directa del servicio público televisivo en Andalucía. Por tanto, lo que cabe plantear ahora es qué debe hacer la RTVA para alcanzar ese equilibrio presupuestario que la ley les va a imponer.
Partamos de un hecho clave. Ni desde una perspectiva de prestación subsidiaria del servicio televisivo puede ignorarse el papel de Canal Sur como única televisión con cobertura regional. No puede hablarse con propiedad de otros prestadores privados que cubran adecuadamente el espacio regional.
Pero Canal Sur está enfrentada a una adaptación tanto estructural como de contenidos, sencillamente, para ser viable en el futuro. No comparto las descalificaciones que el medio ha sufrido por quienes pretenden deslegitimarla. Que es un servicio público costoso ya se sabe pero así concebido no debe hablarse de Canal Sur en términos de gasto innecesario sino de costo como cualquier servicio público que presta esta comunidad.
Dicho esto, ya no puede seguirse con un modelo que resulta económica y estructuralmente insostenible. Y, lamento decirlo, con un 40% del presupuesto destinado a personal no salen las cuentas. Todas las televisiones del mundo, incluida la BBC, aplican criterios de polivalencia y de aligeramiento de estructuras porque las hacen viables y los cambios tecnológicos lo permiten. Algo tendrán que decir los representantes sindicales ante esta realidad, difícil pero insoslayable. Y más pronto que tarde habrá de abordarse una auditoría funcional que reexamine la estructura de la cadena para acomodarla a un modelo viable, aunque justo es reconocer que Canal Sur lleva varios años haciendo ajustes y reduciendo costos. No basta con la austeridad hay que analizar el núcleo estructural y orgánico.
Si se pretende hacer más eficiente a la plantilla habrá que optimizar su funcionamiento porque muchos programas pueden hacerse con el personal propio. Hay programas, nítidamente de servicio público que no se entiende que estén en manos externas. Programas de medio ambiente, alfabetización tecnológica, sobre literatura y cultura, por ejemplo, son propios de una producción interna. Otros hay que buscarlos en el mercado.
Estos cambios también afectarán a las productoras externas, muchas de las cuales existen al amparo del monopsonio de la cadena. Pocas compiten realmente en otros mercados y resulta duro echarles en cara que pretendan desarrollar su actividad mercantil en Andalucía, pero con un solo cliente no es fácil sobrevivir. Las que se dedican a la ficción y a documentales, ya vemos, que triunfan fuera. Ganan premios y ello permite hablar de creadores andaluces de prestigio nacional e internacional. Ahí basta que CS cumpla con la ley y destine el 5% que la normativa europea y española exige para el fomento de la producción audiovisual. Y no parece sensato economizar en creación porque eso sí que acaba deslegitimando a la televisión y condenándonos a la colonización cultural. Uno se pregunta por qué se programan productos extranjeros de dudosa utilidad cuando lo que tiene encomendado Canal Sur es la promoción de la cultura y demás señas identitarias de Andalucía.
En clave de restricción de gastos también resultan extravagantes las ingentes cantidades que consume la programación del fútbol profesional que, se diga lo que se diga, no resiste su catalogación como servicio público y se dispone de una oferta superabundante en las ondas. No creo que haya que recluir en un ghetto marginal a la RTVA pero la programación mimética con la oferta comercial ya no está justificada. Y un está escrito en ningún sitio que audiencia sea sinónimo de vulgaridad.
Hablemos de la publicidad. Se trata un elemento integrante del precio de los productos porque son la forma de acercar los bienes y servicios al gran público. Desde este punto de vista, puede incluso considerarse que los anuncios televisivos también cumplen con una función social. Pero si el consumidor paga su coste al comprarlos resulta lógico que este coste retorne a la televisión que pagamos todos como compensación de los mismos. Resulta cuando menos ingenuo privar de publicidad a la televisión pública minorando sus ingresos y beneficiando exclusivamente a las televisiones comerciales con esta fuente de ingresos. Lo perverso del sistema es que las televisiones públicas condicionen su programación a la búsqueda de anunciantes. Porque acaba subordinando los contenidos a este fin. Por ello, aun a riesgo de excomunión, me permito afirmar que el análisis de la audiencia debe ser, fundamentalmente, un elemento de referencia para la mejora del servicio. Sería dar un paso importante, ir abandonando este modelo y generar otro de captación de publicidad por programa, vía patrocinios o anuncios convencionales por precio alzado. Pondrán las agencias el grito en el cielo por esta idea pero sometería los anuncios a un precio cierto de acuerdo con la audiencia ponderada de la cadena en la franja horaria de que se trate. Y por esta senda deberían ir todas las cadenas públicas en España, incluida RTVE.
El otro camino es el del canon y no están las cosas para cargar al contribuyente con más obligaciones tributarias aunque ello no obsta a que vía contratos-programa la televisión reciba fondos para la difusión de programas relacionados. La programación debe tender a la excelencia, a la máxima audiencia y al máximo interés cultural y de entretenimiento de calidad. Sobran los programas que estén concebidos para lograr audiencia.
Por otra parte, esta perversa ecuación mantiene, en todo caso, a los espectadores del presente. Pero ¿qué pasará cuando las nuevas generaciones alcancen la edad en que se basa el consumo televisivo actual si llevan ya tiempo consumiendo otra televisión, la que circula en internet en donde el programador es el espectador? La migración a los nuevos soportes es otra, quizá la principal, opción a la que se debe enfrentar una televisión pública. Con nuestro dinero debe buscarse ese nuevo e incierto futuro. Al menos es lo que considero corresponde a lo público: hacer lo que los intereses comerciales no desean hacer por criterios coyunturales de pérdida de beneficio corriente. Canal Sur es un servicio público que no debe ser constantemente cuestionado. Pero no puede estar al margen de la incertidumbre en la que vivimos todos. Y los que la hacen posible deben ser quienes se enfrenten consciente y rigurosamente con sus problemas. El desarrollo de la carta del servicio público traza un camino por el que hay que ir para que se garantice a la ciudadanía que su televisión no solo no está en peligro sino que va a seguir siendo una ventana amplia desde la que mirar al exterior. Este es el futuro que hay que conquistar.
