El Gobierno pretende extender a todas las comunidades autónomas el modelo de evaluación educativa de Madrid: desde hace dos años, el Ejecutivo de Esperanza Aguirre hace públicos los resultados de las pruebas de diagnóstico -que miden el rendimiento de cada colegio y cada alumno- y clasifica las escuelas en un ranking de calidad, de mejor a peor. El objetivo, dicen, es avivar la competencia entre los centros educativos, "que se pongan las pilas", pero sobre todo "ayudar a las familias a elegir el mejor colegio para sus hijos". El consejo rector del Instituto de Evaluación Educativa, dependiente del Ministerio de Educación, presentó ayer la iniciativa a las comunidades, con intención de generalizar esta práctica a partir del próximo curso. Andalucía, Cataluña, País Vasco y Canarias -únicas regiones donde no gobierna el PP- mostraron una oposición férrea por considerarla "una clara invasión del Gobierno en las competencias autonómicas".
Durante una comisión parlamentaria, la consejera de Educación, Mar Moreno, adelantó ayer que la Junta "hará todo lo posible para que esta iniciativa no se lleve a la realidad". "Está en contra de la Ley Orgánica de Educación (LOE), de la ley andaluza y del propio modelo educativo", aseveró Moreno. El PP sostiene que un ranking de calidad de los colegios demuestra transparencia. Es la forma que tienen los centros sostenidos con fondos públicos "de rendir cuentas ante las familias de sus alumnos, sobre su funcionamiento y sus resultados". El documento que presentó ayer el gabinete del ministro José Ignacio Wert, al que ha tenido acceso este periódico, abunda en esta idea: "el incremento de la necesidad de rendición de cuentas ante la sociedad". "Cada vez es mayor la demanda social de información sobre las características, calidad y resultados de los colegios, una información que las familias reclaman con el objetivo de poder ejercer de forma eficaz y eficiente el derecho a la libertad de elección de centro para sus hijos", reza el texto.
Andalucía realiza pruebas de diagnóstico a todos los centros de la comunidad desde hace seis años. Los resultados se dan a conocer a los propios centros y a cambio estos deben presentar propuestas de mejora tanto pedagógicas como organizativas. Cada familia también conoce los datos de sus hijos. Sin embargo, la Junta siempre se ha negado rotundamente a exponer en público una tabla comparativa de resultados. "El rendimiento de cuentas de los colegios es para con la administración, a nivel interno, de cara a la inspección educativa, pero no en una exposición pública cuya finalidad es segregar a las escuelas entre buenas y malas. Esto sólo mejora las expectativas de la escuela privada", explicó ayer Moreno. Desde el PP mantienen que "una familia tiene derecho a saber si el colegio de su hijo puntúa poco en el ránking, sobre todo si es un centro privado por el que está pagando una cantidad importante de dinero".
Pruebas censales. El ministerio prevé generalizar las pruebas censales, es decir, evaluar a todos los centros de cada comunidad, en vez de recoger pruebas muestrales como hasta ahora. La publicación de los resultados tendría en cuenta otros factores, como "el nivel socioeconómico y cultural de las familias" del alumno. El Gobierno propone diseñar, desarrollar e implantar, en colaboración con las comunidades, "un sistema de difusión de datos sobre los centros escolares a través de medios telemáticos, constituyendo un portal web". Los ciudadanos tendrían acceso a esa base de datos, que recogería tres bloques de información: "datos sobre las principales características de los centros; indicadores del colegio, con información del contexto socioeconómico; y grado de satisfacción de los padres, alumnos y profesores", especifica el documento. Las comunidades "serían responsables de introducir los datos en un sistema informático, de su mantenimiento y su actualización".
El contexto socioconómico es un determinante en la educación de un niño, y el factor que más desequilibria la comparación de resultados entre un colegio y otro. El nivel de los estudiantes andaluces se sitúa por debajo de la media de 50 países, según los parámetros de evaluación del informe PISA. Desde hace años, apuntan unos datos "mediocres" en los que pesa mucho la situación sociocultural del colegio y la de la familia del niño.
