El Gobierno "no ampara nada, y menos las torturas". Así criticó el ministro del Interior la resolución del Parlamento vasco en la que se reprochaba al Ejecutivo los malos tratos que, a su juicio, sufren los detenidos a manos de las fuerzas policiales. Desde el Ejecutivo de Vitoria se insistió en que así piensa la sociedad vasca.
Alfredo Pérez Rubalcaba señaló, sobre la acusación contra él de defender a los ocho guardias civiles que participaron en la detención de los etarras Igor Portu y Martín Sarasola, que el Instituto Armado dio una versión plausible de lo ocurrido y él la hizo suya, por lo que manifestó que en la resolución aprobada en la Cámara vasca "se dicen cosas que no son ciertas y que son muy graves". En declaraciones a los periodistas en Cádiz, el ministro del Interior indicó además que en este caso concreto de los dos presuntos autores del atentado de la T-4 en Barajas (en el que murieron dos personas) se está investigando en sede judicial.
Asimismo explicó que en el Estado de Derecho no se "ampara nada", a pesar de que "todo el mundo sabe que ETA da instrucciones a sus militantes para que denuncien torturas inmediatamente después de ser detenidos". Por ello aclaró que, aún sabiendo esas instrucciones, se investigan todas esas denuncias, ya que ha sostenido que "los primeros interesados en que esas investigaciones se lleven a cabo" son la Guardia Civil y el Gobierno.
Desde el País Vasco, el consejero de Interior, Javier Balza, consideró ayer que el texto aprobado por el Parlamento vasco expresa lo que piensa la mayoría de la sociedad vasca. Por ello, Balza recalcó que esa iniciativa merece "todo el respeto" porque fue aprobada por la mayoría del Parlamento -con los votos a favor de PNV, EA, EB, EHAK-PCTV y Aralar- y "por tanto expresa lo que piensa la mayoría de la sociedad".
En la misma línea se expresó el portavoz parlamentario de Ezker Batua Berdeak, Antton Karrera, quien exigió al PSE-EE que reconozca la "legitimidad" de la Cámara vasca para denunciar "la práctica de la tortura como una violación de derechos fundamentales", además de señalar que sentencias judiciales "confirman la existencia de malos tratos en comisarías, ratificadas también por Amnistía Internacional".
"Inmoralidad". Esto llevó al secretario general del PSE/EE, Patxi López, ha lamentar que estas formaciones vascas aprobaran lo que definió como el "manual del terrorista detenido", "olvidando el asesinato" del guardia civil Juan Manuel Piñuel y "dando la espalda a un Estado de Derecho que funciona con todas las garantías democráticas". En este sentido, criticó "la inmoralidad de decir que el Gobierno de España ampara torturas sistemáticas".
Por ello, la presidenta de la Comunidad de Madrid, Esperanza Aguirre, consideró ayer que el presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, "no debe recibir al lehendakari, dada la ofensa que el Parlamento vasco ha perpetrado a los españoles y muy especialmente a la Guardia Civil".
