¿Estepona es Marbella? El PSOE siempre ha respondido que no a esa pregunta, pero la imputación por prevaricación de otra concejal socialista por parte de la juez que instruye el caso Astapa reabrió ayer jueves el debate sobre la disolución municipal. La jueza instructora del caso Astapa contra la presunta trama de corrupción municipal en el Ayuntamiento de Estepona, Isabel Conejo, ha imputado un delito de prevaricación a la concejal del PSOE María Miralles, según informó su defensa.
Miralles, actual responsable de las delegaciones de Cultura y Mujer, fue la responsable del departamento de Disciplina Urbanística en el mandato 2003-2007, cuando el ex alcalde, Antonio Barrientos, en prisión por esta causa, era responsable de la delegación de Urbanismo. A su salida de los juzgados, Miralles manifestó a los periodistas que tiene la conciencia "muy tranquila" y dejó claro que tiene previsto mantener su acta de concejal porque es "inocente". Lo hablaría, según garantizó, con su partido. Fuentes del PSOE-A aseguraron ayer que la dirección de esta formación no había tomado una decisión al respecto.
En la actualidad, el PSOE tiene siete ediles; los ex gilistas del PES, cinco; el PP, otros cinco; el PA, uno; y Estepona 2007 e IU, uno cada uno. Fueron los votos de estas tres últimas formaciones los que sumados a los socialistas permitieron a David Valadez ser alcalde tras las detenciones.
En este escenario, en el caso de que Miralles no renuncie a su acta y pase a la oposición dejaría al gobierno con nueve ediles frente a los 16 que integran la oposición (ya que el grupo de no adscritos que está compuesto por las dos ex concejalas del PES, los cuatro ediles expulsados del PSOE al negarse a entregar sus actas a pesar de resultar imputados y el ya ex andalucista Rafael Montesinos).
La estrategia de la oposición no pasa por sumarse al PSOE. El PP de Estepona aseguró que no se incorporará al equipo de gobierno del municipio tras un supuesto ofrecimiento por parte del alcalde que, no obstante, no reconoció públicamente.
El portavoz local de los populares, Ignacio Mena, volvió al argumento que su partido ha defendido desde que se destapó el caso de corrupción: "lo más sensato", dijo, es disolver la Corporación y convocar elecciones. Mena acusó al PSOE de no estar interesado en disolver el Ayuntamiento "por motivos partidistas", ya que "supondría perder poder en la Mancomunidad de Municipios de la Costa del Sol Occidental y en la Diputación". Los populares no formarán parte del gobierno local, pero también niegan que vayan a participar en una eventual moción de censura porque, según Mena, supondría pactar con imputados y responsables políticos del pasado.
El alcalde negó el ofrecimiento al PP, pero sí confirmó que ha mantenido reuniones con el PP, el PES y concejalas no adscritas para garantizar la gobernabilidad del municipio.
