El Ministerio de Vivienda ha dejado al Gobierno andaluz a los pies de los caballos. Su Plan de VPO y su ley de vivienda perderá buena parte de los fondos públicos que provenían del Estado. El Gobierno de la nación comunicó sorpresivamente el pasado jueves en una reunión para preparar la Conferencia Sectorial, fijada el martes, que las subvenciones a las comunidades iban a sufrir un severo tijeretazo. En nombre de Andalucía acudió el secretario general de Vivienda Alfonso Rodríguez Gómez de Celis. La ministra Beatriz Corredor comunicará la semana que viene a los consejeros autonómicos del ramo que se retiran las ayudas directas para la compra de VPO y las ayudas a los promotores. Estos fondos sufragan el 100% de este tipo de subvenciones que otorga el Gobierno andaluz.
La Junta optó ayer por el silencio. Oficialmente únicamente admitió que el Ministerio le ha entregado una propuesta con "novedades" en cuanto a la VPO, pero se negaron a comentar el contenido. Pero fuentes de la Consejería de Obras Públicas y Vivienda que dirige Rosa Aguilar sí admitieron los recortes y aseguraron que se están haciendo números para evaluar el impacto que tendrá en el Plan andaluz.
Los fondos para las ayudas que tramita la Junta para los compradores de VPO (hasta 8.000 euros para familias con ingresos más bajos) vienen íntegramente del Estado. El Ministerio flexibilizará las condiciones de las hipotecas y si hasta ahora podían sufragar el 80% del valor de la VPO ahora podrán llegar al 90%. El problema es el bloqueo del crédito de la banca, sobre todo para las familias de menores ingresos. También se suprimen las bonificaciones para los promotores, que pueden recibir hasta 2.000 euros por VPO construida.
El Plan Andaluz de Vivienda 2008-2012 es un ambicioso documento que compromete 11.000 millones de euros de fondos públicos. Otros 7.000 millones dependen del crédito bancario. El compromiso era 300.000 VPO en una década.
El Gobierno andaluz ya admitió meses atrás que trabajaban con la hipótesis de que las ambiciosas previsiones marcadas en ese documento no se cumplan. Entonces desde la Junta se daba por segura la financiación pública pero el bloqueo del crédito por parte de bancos y cajas empañaba las inversiones en este sector. De hecho al cierre de 2009 sólo el 40% de las VPO calificadas por la Junta se estaban construyendo. El resto había topado con el cierre del grifo bancario. Y eso a pesar de que 33 bancos y cajas habían suscrito, en 2008, un compromiso con el Gobierno andaluz para librar 9.550 millones de euros en crédito destinado a vivienda protegida. Si con los fondos públicos intactos el Plan de Vivienda se había convertido ya en una utopía, la retirada del apoyo del Gobierno central puede ser letal.
El Gobierno andaluz encontrará serias dificultades además para cumplir una de sus leyes más relumbrantes, la Ley del Derecho a la Vivienda, que garantiza una vivienda digna para todos aquellas familias que no superen los 3.000 euros de ingresos anuales. La norma además blinda jurídicamente este derecho, invitando a los ciudadanos a acudir a los tribunales contra los ayuntamientos -los promotores de VPO- si no satisfacen la demanda. La ley se aprobó en febrero de 2010 y convirtió a Andalucía en una comunidad pionera.
