El Gobierno central estudia implantar en otras ciudades la velocidad variable que entró en vigor la semana pasada en los accesos a Barcelona, según confirmó la vicepresidenta del Ejecutivo central, María Teresa Fernández de la Vega. En declaraciones a RNE, De la Vega confirmó que se trata de una cuestión que han introducido en el debate de los planes de ahorro energético.
El jueves pasado entró en funcionamiento el sistema de velocidad variable en los accesos a Barcelona por la autovía C-31 y la autopista C-32, que regula la velocidad máxima permitida en función de las retenciones, los accidentes y la contaminación, pudiéndose llegar al límite de 40 kilómetros por hora (km/h).
Desde ICV, el secretario general y portavoz en el Congreso, Joan Herrera, celebró la opción. Este anuncio, según Herrera, "demuestra que la velocidad variable es una buena medida", y añadió que para hacer políticas positivas, "es necesario bajar a lo concreto y arriesgarse a las críticas".
En un comunicado, subrayó que la medida provoca debates "legítimos" a favor y en contra, pero advirtió: "Lo que no haremos es hacer política al dictado y en favor de los 'lobbies', sino que hacemos política a favor de los ciudadanos".
Insistió en que ante la siniestralidad en las carreteras y la mala calidad del aire, es necesario "actuar para cambiar la realidad, a pesar de que eso suponga críticas, en muchos casos interesadas".
"Una vez más, Catalunya es pionera en medidas con referentes europeos y probadamente viables desde un punto de vista técnico", concluyó Herrera, que reiteró que esta medida no responde a un "capricho" de ICV al frente de la Conselleria de Interior, sino a la concreción de la resolución de un problema.
