El Gobierno propone grabar a los detenidos por terrorismo a los que se aplica el régimen de incomunicación en su Plan de Derechos Humanos que, previsiblemente, aprobará el viernes. El borrador contempla la modificación de la Ley de Enjuiciamiento Criminal y llega con el 60 aniversario de la proclamación de los Derechos Humanos.
El plan incluye la prohibición expresa de la incomunicación para los menores e implica la modificación de los artículos de la ley que regulan el régimen de incomunicación. La vicepresidenta primera, María Teresa Fernández de la Vega, ha sido la encargada de coordinar este plan con los distintos ministerios y ayer mismo se reunió con las ONG para cerrar los últimos flecos antes de llevarlo al Consejo de Ministros. La medida de grabar a los presos terroristas incomunicados, que Amnistía Internacional venía solicitando, ya se aplica con los reclusos en el País Vasco.
Entre las reformas que propone el Gobierno destaca también la reducción del plazo máximo de ocho horas dentro del que debe hacerse efectivo el derecho a la asistencia letrada y la posibilidad de que el incomunicado pueda ser reconocido por un médico de su elección y no sólo por el forense, dando respuesta así al reclamo de organismos internacionales como el Comité Europeo de Prevención de la Tortura.
Derechos humanos. La propuesta del Gobierno coincide con la celebración del 60 aniversario de la proclamación de los Derechos Humanos y se aprobará después de la publicación de un informe de la ONU que pide la supresión de la detención incomunicada y la derogación de la Ley de Amnistía. El Comité de Derechos Humanos de Naciones Unidas cree que España no ofrece todas las garantías procesales a algunos detenidos por terrorismo, por lo que pide, además, que se prevea la creación de una comisión independiente encargada de restablecer la verdad histórica sobre las violaciones de los derechos humanos durante la Guerra Civil.
Así, aunque los expertos consideran que España ha hecho avances y adoptado algunas medidas tendentes a mejorar la detención en las cárceles, siguen preocupando aspectos como el régimen de detención incomunicada. "El comité no comparte la opinión del Estado [español] en cuanto a la necesidad de mantener el régimen de incomunicación en aras del interés de la justicia y entiende que puede propiciar malos tratos", señalan, por lo que piden su supresión, así como que se reconozca a todos los detenidos el derecho a la libre elección de un abogado. "En España, la definición de terrorismo es demasiado amplia y poco precisa, de manera que se puede decir que es amenazante para la causa de la defensa. Están de alguna manera amenazadas las garantías procesales con el régimen de incomunicación y las limitaciones a la elección de abogado", dijo el presidente del comité que redactó el informe, Rafael Rivas Posada.
La ONU entiende que España debería prever la modificación de los artículos 572 a 580 del Código Penal para limitar su aplicación a las infracciones que revistan indiscutiblemente un carácter terrorista, señalan las conclusiones. También piden que se limite la aplicación de la prisión preventiva y que elimine el secreto de sumario, así como que se generalice la grabación con cámaras de los interrogatorios.