Los escándalos por abusos sexuales en el seno de la Iglesia católica también tienen su rama en Andalucía. El titular del juzgado de Instrucción 6 de Córdoba imputó ayer a dos hermanos de la Casa de San Francisco de Asís de la capital cordobesa, a los que acusa de abusar sexualmente y de maltratar a varios de los cerca de 50 internos discapacitados que residen en su centro.
Se trata de Manuel Ortiz, el padre Manolo, director del centro, muy conocido en Córdoba por su participación en obras sociales, y uno de sus compañeros, identificado como F.G. Sobre el primero pesan los cargos tanto de abusos como de maltrato habitual a los residentes y sobre el segundo, sólo el de abusos sexuales.
El juez decretó una orden inmediata de alejamiento de los dos religiosos de la residencia donde supuestamente cometieron sus delitos y, según los franciscanos, ayer mismo ya recogieron sus pertenencias ; también se ordenó la incomunicación de los dos hombres con el resto de trabajadores, residentes o religiosos del centro. Ahora la investigación prosigue y podría producirse una imputación más, informa el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía.
Los hechos han trascendido después de que ayer ambos imputados acudiesen a declarar ante el juez; tras media hora de encuentro, en la que los religiosos se negaron a responder preguntas, el magistrado decidió levantar el secreto del sumario, que se había ampliado en las dos últimas semanas con declaraciones de internos, trabajadores y colaboradores de la casa de San Francisco de Asís.
Las investigaciones comenzaron el 7 de octubre, cuando la Subdelegación del Gobierno alertó a la Policía Nacional de que había recibido un escrito anónimo en el que se desvelaban las supuestas violaciones y vejaciones en la sede de los hermanos de la Cruz Blanca.
La denuncia se refería a un único interno –con una minusvalía del 86% por retraso mental grave–, y se apuntaba como ejecutor de los abusos a un trabajador laico –el centro tiene unos 40–, que aspiraba a entrar en la congregación.
15 días después fue detenido este empleado en Granada, donde había tratado de esconderse. Aquel atisbo de delito llevó a la Reina Doña Sofía a anular la visita que tenía preparada al centro de discapacitados.
Manuel Ortiz, uno de los ahora imputados, compareció entonces ante el juez en calidad de testigo y sin implicación alguna, pero el devenir de la investigación ha acabado por implicarle de lleno.
En abril, la fiscalía de Córdoba pidió seis años de cárcel para este trabajador, Ángel C., por un delito de abusos sexuales que se habrían desarrollado en las duchas ubicadas junto al dormitorio del interno en agosto del pasado año. Desde entonces se encuentra en prisión preventiva.
La Iglesia se apresuró a pagar no los 3.000 euros que pedía el fiscal por daños morales, sino los 5.000 reclamados por la familia de la víctima que, además, exige hasta nueve años de cárcel.
Desde entonces, tres familias se han llevado a sus allegados de la institución y han denunciado públicamente el “silencio y la falta de explicaciones” del responsable del centro.
