Tanto Ripoll como el resto de imputados que fueron detenidos el pasado martes, entre ellos el presidente del Grupo Cívica y del Hércules Club de Fútbol, Enrique Ortiz, salieron en libertad provisional sin fianza, a excepción de Rafael Gregori, a quien el juez ha decretado prisión eludible bajo fianza de 100.000 euros por un supuesto cohecho, tráfico de influencias y fraude.
Pese a ver indicios de delito por unos hechos que Ripoll dice desconocer, el titular del juzgado número 3 de Orihuela, Carlos Sanmartín, ha rechazado la petición del fiscal Anticorrupción de Alicante, Felipe Briones, de pedir prisión eludible con una fianza de 500.000 euros o, en su defecto, una personación periódica en el juzgado para el líder popular.
Éste llegó a los juzgados a pie minutos antes de las 14.00 horas aunque no fue interrogado hasta después de las 18.00, y tras comparecer abandonó la sede judicial emplazando a los medios a una declaración pública en la Diputación a las 21.30 horas, en la que no aceptó preguntas.
En la misma, se quejó de que el juez instructor no le haya aclarado "ni los hechos ni el por qué" de su imputación en el denominado caso Brugal. Aunque ha evitado entrar en el fondo del interrogatorio para no infringir el secreto de sumario, sostuvo que ha declarado "voluntariamente" ya que durante la primera media hora el juez le ha explicado detalladamente que "no había una citación judicial" y que, por lo tanto, podía hacer una declaración o negarse.
Al responder que deseaba seguir, le han leído sus derechos y le han trasladado que no le podían contar "ninguno de los hechos recogidos en las diligencias previas" en su contra, por el secreto sumarial.
Ripoll recordó que la instrucción y el secreto duran ya más de tres años, y ha agregado que el juez le ha explicado que los delitos de los que se le acusa pueden mantenerse o todavía variar. Para el presidente de la Diputación, las preguntas que le han efectuado tanto el instructor como el fiscal han sido "genéricas".
Al terminar, el juez emitió un auto en el que mantiene su libertad sin fianza y sin ninguna medida cautelar, rechazando así la petición del fiscal del medio millón para eludir la cárcel o, si no, una personación periódica. "No sé nada de las diligencias, ni de los hechos, ni del por qué. Comprenderán que no puedo contestar sus posibles preguntas y les pido disculpas, pero en cuanto se levante el secreto (sumarial) ejerceré acciones legales en mi defensa", advirtió.
Además de Ripoll, el único que habló ante los medios ha sido el conocido empresario alicantino Enrique Ortiz, que admitió estar "contento" porque el juez "no ha adoptado ninguna medida cautelar", aunque después afirmó que sobre él "claro que hay" imputaciones por varios delitos, entre ellos cohecho. Para el dueño del Hércules, el fiscal había pedido la mayor fianza de los seis imputados ayer, 800.000 euros para evitar la prisión, aunque la solicitud no prosperó.
Junto a los citados Ripoll, Ortiz y Gregori, declararon como imputados el ingeniero y amigo de Ortiz José Francisco León; el gerente de Inusa, José Candel y el dueño de la compañía Sufi, Luis Bracho, todos ellos sin medidas cautelares.
Una vez que ha conocido el contenido de la declaración de Ripoll, el secretario general del PSPV-PSOE, Jorge Alarte, pidió la dimisión del presidente de la Diputación porque "la actividad de los ciudadanos de la provincia no puede estar en manos de las asfixias judiciales de su presidente".
En una rueda de prensa a las puertas de la Diputación por negarles la presidencia de la institución hacerla en la sede del grupo socialista, Alarte culpó a Mariano Rajoy como "el responsable político de todo cuanto acontece en la Comunitat".
