No hay gobierno al que no le repela una comisión de investigación, un órgano creado en el Parlamento para depurar responsabilidades políticas sobre escándalos de corrupción. Si el partido en el poder tiene mayoría absoluta la impide a toda costa. Ocurrió hace dos días en el Congreso, con el PP impidiendo una investigación sobre Bankia, y llevaba 17 años pasando en la Cámara andaluza, con los socialistas cómodamente gobernando. Ayer, precedida de una dura bronca donde todos chocaron con todos pero las chispas saltaron entre PSOE y PP, el Parlamento aprobó por unanimidad la que será la novena comisión de investigación de su historia.
El próximo miércoles arrancaran los trabajos para desenmarañar el caso de los ERE desde 2001 a 2010. Se trata de un supuesto fraude tejido con 687 millones de euros de ayudas públicas de Empleo que ya instruye la jueza Mercedes Alaya desde hace un año y que ha conducido a la cárcel a un exdirector general y a un exconsejero de Empleo.
Ha sido a la décima. El PSOE negó reiteradamente durante la anterior legislatura que se constituyera. Ahora está en minoría y depende de IU, sus socios de Gobierno, que impusieron la comisión como condición para coaligarse en el poder. Será un trago complicado que volverá a poner el foco político en esta trama que en el ámbito judicial y policial apunta a lo más alto del Consejo de Gobierno en busca de responsables por este descontrol de los fondos públicos. “Un escándalo mayúsculo, el mayor caso de corrupción de esta tierra”, según el portavoz de IU, José Antonio Castro, que va a abrir fisuras entre el PSOE y sus socios y que posiblemente desgaste un pacto que de por sí es harto complicado en el actual escenario de recortes. El PP hurgará en esa herida.
Ayer los papeles quedaron definidos. El PSOE se mostró más a la defensiva que nunca, faltón, con su portavoz Mario Jiménez prometiendo ética y transparencia pero identificando al PP “con las camisas azules” y hablando de “la caverna” y “de otro Ansón que saldrá a contar el papel de destacadísimos dirigentes del PP en el montaje de esta trama”. “El señor Zoido asumirá un protagonismo importante”, auguró el PSOE moviendo a la risa a la bancada popular. Zoido es juez en excedencia y los socialistas insinúan conexiones entre él y la jueza Alaya.
IU, que ya ha advertido que sentará en la comisión a miembros del actual y el anterior Gobierno, buscó la equidistancia y se arrogó que la comisión sea posible. Castro se sumó a la teoría de que la oposición montará “un circo” y ya tiene de antemano sus conclusiones. Desde el PP, Rafael Carmona señaló que este caso demuestra que la corrupción está en “la médula” del PSOE en Andalucía y apuntó a las responsabilidades del actual presidente José Antonio Griñán en su anterior etapa como consejero de Economía. Ése será una de las grandes incógnitas a despejar en los próximos días, si IU –que tan beligerante fue en la oposición– se atreverá a sentar al presidente en esta histórica comisión.
