«¿Es efectivo que una administración pública facilite contratos de 15 días? ¿Y de tres o seis meses? ¿Está funcionando este modelo? La presidenta del Gobierno andaluz, Susana Díaz, recuperó ayer el diálogo con los agentes sociales, y acordó con los sindicatos y la patronal fijar un calendario de reuniones de seguimiento para «evaluar, diagnosticar y, si es necesario, corregir» los diferentes planes de empleo de la Junta que actualmente están en vigor: el plan empleo joven; el que va dirigido a mayores de 30 años; y el plan de inclusión social, además de otros en ciernes, como el de construcción sostenible. Son programas a los que la Consejería de Economía y Empleo ha destinado 320 millones de euros, provenientes de fondos europeos, para amortiguar la elevadísima tasa de paro que sufre Andalucía: más de un millón de desempleados según el último recuento del Servicio Andaluz de Empleo (SAE), un 34% de la población activa, y un diferencial crónico de diez puntos por encima de la media nacional. En el último año estos planes han generado 40.000 empleos en la región, y se alcanzarán los 60.000 en los próximos dos meses, avanzó ayer Díaz.
La evaluación de los programas es algo que ya forma parte del mismo decreto que los regula, sin embargo, tanto los sindicatos como IU vienen demandando que se haga un análisis más en detalle de la efectividad de los mismos. El año ha comenzado con ese propósito en la mesa. La primera reunión técnica entre Junta y agentes sociales será la semana que viene, y en ella se fijará un calendario de encuentros de aquí a mayo, mes en el que toca reeditar todos los planes de empleo. La casuística es variable, porque la Junta articula estos programas a través de los ayuntamientos, que son quienes hacen los contratos según sus necesidades. Revisar y reimpulsar estos planes se hará antes de mayo, es decir, antes de las elecciones municipales.
Uno de los aspectos susceptibles de ser modificado es la durabilidad de los contratos, que oscilan entre 15 días y seis meses. Díaz habló de «empleo de calidad», y los sindicatos le demandan contrataciones más largas. Otra, a la que hizo ayer referencia el secretario general de CCOO-A, Francisco Carbonero, es la necesidad de buscar fórmulas legales que permitan que los beneficiarios del dinero para contrataciones sean pequeñas y medianas empresas andaluzas. Sin vulnerar la concurrencia competitiva de convocatorias públicas, ni discriminar a cualquier firma que opte a los planes de empleo, la Junta se propone «estimular e incentivar» que se beneficien «indirectamente» las pymes andaluzas (por ejemplo en el plan de construcción sostenible).
El acercamiento entre la Junta y los agentes sociales, después de meses enfrentados, se produce apenas dos días después de conocerse que Andalucía cerró 2014 por encima del millón de parados, incumpliéndose así el objetivo que se había marcado la presidenta. Díaz, Carbonero, Carmen Castilla (líder de UGT-A) y Javier González de Lara (CEA) comparecieron juntos en la firma del acuerdo para renovar el funcionamiento del Sercla, el órgano de mediación en conflictos laborales, cuyo principal cometido es evitar la judicialización de los mismos. Lo que debía ser una firma ordinaria se convirtió en un acto solemne, y sindicatos y patronal se mostraron conciliadores con Díaz.
