El Betis ganó ayer el partido más importante de la temporada, pues la firma del convenio de acreedores le permite eludir la liquidación y afrontar el futuro con moderado optimismo.
Lo que estaba en juego era la supervivencia misma de la entidad, a la que gracias a la buena labor del equipo directivo encabezado por José Antonio Bosch y Miguel Guillén –con especial mención para el secretario Manuel Domínguez Platas y el consejero Antonio José Sánchez Pino– y la leal colaboración de los administradores concursales, se le abren ahora nuevos y provisionales horizontes, pues no hay que olvidar que el actual consejo está al frente del club por orden de la juez Alaya mientras se resuelve la denuncia por delito societario y apropiación indebida contra Ruiz de Lopera.
Ese proceso, iniciado en 2008, puede durar varios años más, pues no ha finalizado aún ni la fase de instrucción, aunque el segundo informe pericial está ya cocinado y listo para servir y no contiene precisamente buenas noticias para el empresario del Fontanal, pues según filtran desde los juzgados el perjuicio causado al club a través de los contratos con Encadesa podría ser desde 1998 casi el doble del que se recogió en el primer informe: unos 12,5 millones de euros (1993/97).
La demanda civil contra Lopera para desposeerle de la titularidad de buena parte de sus acciones (30.869 de las 55.350 que ostenta) por no haberlas desembolsado en su día ya está también ultimada y a punto de ser presentada, pues podría darse el caso de que recuperara el control del club pese a ser condenado por delito societario y encontrárselo libre de deudas –como lo halló tras el 30 de junio de 1992– una vez resuelto el convenio. Es por ello que los juristas béticos van a iniciar en breve una nueva batalla judicial con el fin de evitar que Lopera pueda volver a mandar en el Betis, como si aquí no hubiera pasado nada.
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