Si alguien tuviera alguna duda sobre por dónde discurre la estrategia de confrontación y desgaste marcada por el jefe del principal partido de la oposición mayoritaria en Andalucía, Javier Arenas, las sesiones plenarias celebradas entre el miércoles y el jueves en el Parlamento la habrán disipado sin contemplaciones. En menos de 24 horas, el PP ha solicitado la dimisión del consejero de Turismo, Luciano Alonso, por la contratación de un coche oficial; ha pedido la reprobación del vicepresidente económico de la Junta, José Antonio Griñán, por permitir que haya excedentes de liquidez en las arcas autonómicas (en el anterior mandato, formalizó 12 reprobaciones) y, por último, ha acusado a la presidenta de la Cámara autonómica, Fuensanta Coves, de tener una actitud sectaria -"es la presidenta del PSOE, y no de todos los diputados- y de cometer "chanchullos y trampas" por no permitirles celebrar una Junta de Portavoces con carácter urgente en la que los populares mostrarían su enfado por la ausencia del presidente, Manuel Chaves, en la sesión de control. Este último punto les ha servido además de excusa para resucitar en plena Cámara el espíritu bronco y pancartero tan del gusto del PP de la anterior legislatura. Así, menos el propio Arenas, la mayoría de sus diputados exhibió desde sus asientos folios en los que acusaban a Chaves y a Zarrías de darle un "plantón a la democracia" por ausentarse de la sesión de control al Gobierno. Una sesión en la que participaron 12 de los 16 miembros del Ejecutivo andaluz y que contó con las ausencias, más que justificadas, del propio Chaves -que acompañaba al Rey en la visita de su majestad a Ronda-, de Zarrías y Martín Soler -ambos en Almería en la inauguración de Expo-agro- y de Micaela Navarro -que asistía en Madrid al Consejo Interterritorial en el que se debatía la financiación y aplicación de la Ley de Dependencia. Como se observa, de la labor de control y fiscalización se pasa sin solución intermedia a una desmesurada estrategia de erosión del contrario fruto de la cual se convierte el salón de plenos del antiguo Hospital de las Cinco Llagas en una especie de teatro de tensiones forzadas. Nadie le puede negar al Partido Popular su derecho, y también su obligación, a confrontar con el Gobierno en todos los terrenos de la acción política. Su labor de oposición debe ser dura, contundente y constante, pues representa el voto de más de 1.700.000 andaluces y juega el papel de contrapeso del Ejecutivo. Es más, tampoco sería reprochable que en su exceso de celo cometiese errores de calado fruto del apasionamiento que se le requiere a quien defiende sus posiciones en el escenario público. Pero todo lo dicho no implica que ningún partido, y menos uno con vocación de gobierno y respaldo mayoritario en la sociedad, pueda tener una patente de corso para intentar reventar un pleno parlamentario en beneficio propio. Y eso, y no otra cosa, es lo que hizo ayer el PP en la Cámara andaluza al montar un griterío injustificado y con ribetes tabernarios, seguramente con la intención de disfrutar de algún que otro minuto de telediario.
