El PP eludió ayer explicar por qué una empresa que investiga el juez Garzón no justificó a la Cámara de Cuentas los trabajos realizados al partido en las elecciones de 2004. En vez de aclarar esta irregularidad, difundió un vídeo en el que el ex alcalde socialista de Ohanes, expulsado hace un mes tras ser imputado, recibe dinero de un constructor.
Lejos de dar explicaciones por la supuesta red de corrupción que investiga la Audiencia Nacional -por el supuesto trato de favor de gobiernos del PP a empresas que prestaban servicios para el partido-, los populares andaluces usaron la estrategia del ventilador para desviar la atención hacia el último caso de corruptela en el PSOE: la imputación por coacciones y cohecho del ex alcalde de Ohanes -un pueblo almeriense de 756 habitantes-, Juan Francisco Sierra. El secretario general del PP-A, Antonio Sanz, convocó ayer a los periodistas para mostrarles un vídeo en el que un empresario del pueblo entrega dinero a Sierra a cambio de favores urbanísticos. Sanz exigió al PSOE que aclare por qué "calló y mintió" sobre este caso. Los socialistas le recordaron que el ex regidor almeriense ya no está en el partido y reprocharon al PP que no haga lo mismo con sus cargos imputados.
El vicesecretario general del PSOE-A, Luis Pizarro, dejó claro que Sierra ya no pertenece a esta formación, por lo que rechazó comentar las novedades que se produzcan sobre el caso. Pizarro aseguró que ante escándalos de corrupción lo que "suele ocurrir" en el PSOE es la expulsión, mientras que los demás partidos "no hacen nada" cuando se encuentran con hechos similares. Al contrario, dijo, se dedican a "acusar a los demás de que los persiguen". "Nosotros decimos inmediatamente que hay que coger la puerta", sentenció el dirigente socialista.
Polémico vídeo. Aunque la imputación del ex alcalde de Ohanes no es nueva, la difusión del vídeo sí lo es. La grabación incluye el intercambio de dinero entre el regidor y el constructor y declaraciones del que fuera alcalde cinco años del tipo: "Confía en mi palabra y vete tranquilo" o "para mí también es desagradable, pero no tengo otra salida".
Sin embargo, en su comparecencia, Sanz evitó referirse a la implicación del PP-A en la supuesta trama corrupta que destapó Garzón. El juez reveló que una empresa publicitaria, Rialgreen, que trabajó para el partido de Javier Arenas en las elecciones de 2004 -las últimas con Teófila Martínez como candidata a la Junta- no justificó sus servicios a la Cámara de Cuentas, el órgano fiscalizador. La factura ascendió a 520.491 euros. Pizarro demandó a Arenas explicaciones "reales" sobre este asunto.
