El aborto quebró ayer las relaciones entre las comunidades (gobernadas por el PP) y el Ministerio de Sanidad. Este tema llegó hasta el Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud después de que el PP anunciase que hoy presentará el recurso contra la nueva ley de interrupción del embarazo ante el Tribunal Constitucional (TC).
Así, el Partido Popular presentará hoy su apelación ante el TC contra la Ley de Salud Sexual y Reproductiva y de la Interrupción Voluntaria del Embarazo, que a partir del próximo 5 de julio permitirá abortar libremente en España en las 14 primeras semanas de gestación y en algunos casos hasta la 22, según informaron a Europa Press fuentes populares. En el escrito, al que tuvo acceso Europa Press y que está firmado por 50 diputados encabezados por Mariano Rajoy y Soraya Sáenz de Santamaría, se solicita al Alto Tribunal que suspenda la entrada en vigor de los ocho preceptos recurridos hasta que el tribunal decida si la norma es o no constitucional. La suspensión se prolongaría desde la admisión a trámite hasta la sentencia, lo que podría implicar años.
El PP toma como "punto de partida y marco de referencia la interpretación realizada por el Tribunal Constitucional en su sentencia de 1985, en la que se estable la obligación del Estado de proteger la vida humana en formación. Por ello, el PP critica que para abortar en las primeras 14 semanas no sea necesario que concurra "ninguna causa objetiva o situación característica de conflicto objetiva que permita justificar, al menos formalmente, el sacrificio de la vida humana del nasciturus", algo que a su juicio va contra el artículo 15 de la Constitución que reconoce que "todos tienen derecho a la vida". Asimis- mo, señala que la ley no explica por qué se ha fijado en 14 semanas (y no en 12 o 16) el plazo para poder practicar en España el aborto libre, ni qué cambia en el feto para no poder ser protegido antes de ese plazo y sí después.
A este respecto, la ministra de Sanidad y Política Social, Trinidad Jiménez, dijo que el desarrollo de la Ley de Salud Sexual y Reproductiva y de Interrupción Voluntaria del Embarazo se presentará "en plazo", es decir, antes de su entrada en vigor el 5 de julio, "tal y como está previsto". Jiménez hizo estas declaraciones tras concluir el Consejo Interterritorial de Salud, en el que los consejeros del PP solicitaron la retirada de los dos decretos que desarrollan la Ley, ante el recurso de inconstitucionalidad.
Los populares criticaron la "inseguridad jurídica" en la que, en su opinión, quedarán los médicos, al tener que ser ellos quienes decidan si las menores de 16 y 17 años pueden abortar sin informar a sus padres en el que caso de que aleguen coacciones.
Jiménez esgrimió, frente a estas críticas, que la nueva normativa da "mayor seguridad jurídica" a los profesionales y "clínica" a las mujeres. Según la ministra, el propio presidente de la Organización Médico Colegial, Juan José Rodríguez Sendín, reconoció que "nadie mejor que los propios profesionales" pueden valorar la situación de las menores, aunque ha subrayado que estos casos "serán los menos". "El temor" de las jóvenes, según la ministra, será valorado por los médicos "dando crédito a lo dicho por la propia joven".
Aunque la ministra considera "respetable" la postura de los populares, confesó que no entendía su posición, ya que no se basa en un "debate técnico" sino en "un no reiterado" a una Ley que ellos mantuvieron cuando gobernaron.
