En dos días, el PP andaluz ha montado una campaña para denunciar "el engaño" de la Junta de Andalucía en materia de vivienda protegida. La presentó ayer en Sevilla al aire libre, bajo un tórrido sol y en un acto en el que Javier Arenas se rodeó de una decena de dirigentes.
El pasado jueves las comunidades fueron informadas en una reunión de segundo nivel con el Ministerio de Vivienda de que se iban a suprimir las ayudas directa a la compra de VPO y a los promotores. Será el próximo martes cuando la ministra Beatriz Corredor comunique oficialmente a los consejeros autonómicos el tijeretazo. El Gobierno andaluz ha descartado pronunciarse hasta conocer formalmente la propuesta. La oposición ya tiene hasta lema: "La Junta no garantiza tu vivienda".
"Como el Gobierno andaluz no les ha dado datos, el PP está haciendo cuentas y tendrán de nuevo otro informe desde la oposición con todos los recortes, ahora en vivienda protegida", señaló ayer Arenas. El líder del PP se refería a que fue su partido hace un mes el que desveló en el Parlamento el Plan de Reequilibrio que Andalucía llevó al Consejo de Política Fiscal y Financiera y en el que la Junta abre la puerta a retrasar proyectos sociales (de educación y sanidad) "en función de las disponibilidades presupuestarias".
Mientras que los socialistas y el Gobierno andaluz tratan de desmontar las acusaciones defendiendo que "retrasar no es recortar", el PP considera que esta nueva decisión del Ministerio apuntala su discurso y "demuestra a las claras" que "sí hay recortes sociales".
"Hemos puesto en marcha una campaña divulgativa para poner las cosas claras: los recortes llegan también a la vivienda", señaló Alicia Martínez, diputada popular. Llevarán sus denuncias a todos los ayuntamientos. "Esta campaña explica una vez más la diferencia entre la Andalucía oficial del socialismo y la Andalucía real. Se vendió a bombo y platillo una gran apuesta por la VPO que ha quedado convertida en papel mojado", aseguró Arenas, que pidió a la consejera Rosa Aguilar que "pelee por esas ayudas y trate de evitar los recortes".
La Junta tiene en marcha un ambicioso Plan de VPO 2008-2012 que estimaba la necesidad de 300.000 viviendas protegidas en una década y que compromete 11.000 millones de fondos públicos, parte del Estado. El Parlamento aprobó en febrero la Ley de Vivienda, que blinda ante los tribunales ese derecho. Ya el bloqueo del crédito había frenado al sector. La supresión de ayudas públicas empeora la situación.
