El PP aprobó este viernes, valiéndose de su mayoría absoluta en el pleno, el plan de ajuste que le permitirá sanear las cuentas municipales y, de paso, pagar los 59,6 millones que adeuda a proveedores. Lo hizo con la oposición en contra, que acusó al gobierno municipal de permitir que el Ayuntamiento "esté intervenido" por el Estado, y con bronca incluida de los sindicatos, que interrumpieron el discurso del alcalde, Juan Ignacio Zoido, con críticas a los recortes del plan, como la rebaja salarial del 5% -como sufrieran los funcionarios en 2010- en la plantilla de Lipasam, Tussam y el personal laboral del Instituto Municipal de Deportes a partir de 2013. El Consistorio avanzó el camino a seguir, que pasa por extender los recortes a Emvisesa y Emasesa, que no podían entrar en el plan de ajuste.
"Es el momento de ajustar con todos los criterios", dijo la delegada de Hacienda, Asunción Fley, que propondrá la aplicación del recorte "por una orden directa de Zoido". Su afirmación se produjo antes de debatir el plan de ajuste. Fley defendió estas rebajas, así como la aplicación de una subida lineal de las tasas de un 3% durante diez años, algo que, a su juicio, no es un aumento "sino una congelación", augurando que ese porcentaje será similar al incremento del IPC. "No se puede gastar más de lo que ingresa", insistió en varias ocasiones Fley.
La misma defensa argumentó el alcalde, después de retomar su intervención tras ser interrumpido por los gritos de una veintena de representantes sindicales. "Ahí están los recortes del PP", "alcalde, trabaja de peón" o "el plan de ajuste es una mentira" dijeron los sindicalistas antes de que la Policía los echara del salón de plenos. Tras el desalojo, Zoido apeló "a que colaboren todos" para sanear las arcas, defendió que las medidas no suponen despidos y reiteró que los expedientes de disolución de Giralda TV y Sevilla Global se incluyen en el plan por "imperativo legal", aunque dejó en el aire cuál será la alternativa para los trabajadores afectados.
Las explicaciones de Zoido llegaron alentadas por las críticas de PSOE e IU. El portavoz socialista, Juan Espadas, destacó que el pago a proveedores es una medida necesaria, pero no a costa de "intervenir el Ayuntamiento" de la misma manera que lo hace la UE cuando practica un plan de rescate a los países. "Las medidas son duras y lo menos es que se digan a la cara", recriminó Espadas, al recordar que los trabajadores no fueron informados de los ajustes. Antes, el también socialista Antonio Muñoz dijo que los empleados públicos serán los que paguen las consecuencias del déficit cero e insistió en detalles del plan que no se habían ahondado, como que el personal de los programas subvencionados, caso de los talleres de empleo, ya no estarán suscritos al convenio colectivo y sufrirán un recorte salarial que calculó en un 40%.
IU fue más allá y, a través de su portavoz municipal, Antonio Rodrigo Torrijos, no sólo criticó el plan de ajuste sino que llamó a la rebeldía y la movilización social, aunque aclaró que la decisión última está en manos de los propios trabajadores. "Es la agresión más grave que se ha producido en el Ayuntamiento de Sevilla", sentenció, lamentando "que siempre paguen los mismos", en alusión a los empleados municipales y a los ciudadanos que tendrán que abonar las tasas municipales.
TASAS MÁS CARAS. Sobre las tasas, Fley aludió a la "baja repercusión" de las tasas, poniendo de ejemplo la subida en la de basuras (16 céntimos) o la caseta de Feria (17 euros). Sin embargo, obvió la aplicación de otras medidas que no fueron concretadas en este pleno ni en la presentación pública del plan. Así, además de las medidas avanzadas, el plan prevé el doble de ingresos por la retirada de vehículos de la grúa municipal -de 1,3 a 2,2 millones-; la subida de tarifas de veladores, de las sillas de la carrera oficial o duplicar los ingresos opr las autorizaciones de cubas para obras menores. A eso se suma la aplicación de nuevas tasas, sobre todo urbanísticas, como las cédulas de calificación definitiva de VPO, la revisión de la Inspección Técnica de Edificios o la prórroga de licencias.
En el campo de los gastos de personal, además del recorte del 5%, destaca el ahorro de casi cinco millones anuales en Tussam por aplicar la jornada laboral de 37,5 horas. Esa cifra se justifica a que la medida va aparejada a que la plantilla hará los trabajos que antes hacían con la contratación de empresas externas.
