El PP retoma su ofensiva fiscal y exige a la Junta una bajada de sus impuestos

La oposición registrará en el Parlamento un proyecto de ley para bajar la presión fiscal a las familias andaluzas y «ayudar» así a la salida de la crisis.

el 07 jul 2014 / 23:17 h.

El presidente del PP andaluz, Juan Manuel Moreno Bonilla, y la secretaria general, Dolores López Gabarro, ayer en rueda de prensa en Sevilla. / José Manuel Vidal (EFE) El presidente del PP andaluz, Juan Manuel Moreno Bonilla, y la secretaria general, Dolores López Gabarro, ayer en rueda de prensa en Sevilla. / José Manuel Vidal (EFE) La reivindicación de una bajada de impuestos en Andalucía forma parte ya del ADN del Partido Popular, que este lunes asumió de nuevo esta demanda y se comprometió a trasladar al Parlamento una propuesta concreta que, según su líder, Juan Manuel Moreno, «obligará» a la Junta a llevarla a cabo. El presidente del PP-A anunció que una comisión de expertos trabajará durante este verano en una propuesta de ley en materia fiscal que la oposición llevará al Parlamento andaluz en el arranque del próximo curso político. Será «realista, viable y equilibrada», según el líder popular. El PP denuncia que una bajada de la presión fiscal en Andalucía sería el bálsamo ideal para acelerar la recuperación económica y atraer inversiones. Denuncian los populares que es en esta comunidad donde los ciudadanos pagan mayores impuestos de todo el país. El ejemplo que utiliza el PP es recurrente: el Impuesto de Sucesiones y Donaciones, del que están exentos otros españoles. ¿Cómo paliaría el PP esa bajada de impuestos que necesariamente se traduce en menores ingresos en las arcas autonómicas? La oposición asegura que no se trata de la cuadratura del círculo ni de ninguna misión imposible. Su vista siempre se dirige a lo que llaman la administración paralela de la Junta, las empresas públicas y fundaciones. En esa periferia, aseguró Moreno, se pueden suprimir «gastos superfluos» por 130 millones de euros. El PP retoma su ofensiva en materia fiscal justo cuando el Gobierno andaluz ha amagado con denunciar ante los tribunales el aplazamiento de la reforma de la financiación autonómica. En el Ejecutivo andaluz se han encendido las alarmas con la reforma fiscal anunciada por Rajoy, con bajadas en IRPF y el Impuesto de Sociedades y que está previsto que llegue al Consejo de Ministros el 18 de julio para su remisión a las Cortes. La Junta ha cargado duramente contra una reforma que considera «un ataque» y que teme que aminore sus ingresos. Mientras que otras regiones del PP, como Castilla-La Mancha, se han apresurado a anunciar más bajadas de impuestos en los tramos autonómicos para acompañar la reforma de Rajoy, en Andalucía no dejan de advertir de que no le salen las cuentas. Según los cálculos del Gobierno central, la bajada de impuestos descontará entre 7.000 y 9.000 millones de las arcas estatales. Los cálculos de la Consejería de Hacienda indican que los andaluces contribuirán hasta 600 millones de euros menos por IRPF. Hay que recordar que el 80% de los ingresos que alimentan el Presupuesto andaluz llegan directamente del Estado y que el margen propio de cada comunidad es muy estrecho. El Gobierno andaluz trabaja sin números en la elaboración del próximo Presupuesto de 2015.El primero, según la Junta, que puede ser «expansivo» tras un lustro de recortes. Aunque desde el Ejecutivo de PSOE e IU se han lanzado guiños como la restitución de las pagas extras a los empleados públicos y la recuperación de derechos laborales de la plantilla sanitaria, la Consejería de Hacienda advierte que hasta julio no se conocerá realmente el escenario de ingresos. El PSOE-A calificó ayer de «carta a los Reyes Magos» la reivindicación y le reclamó que plante cara a Rajoy para garantizar los ingresos de Andalucía. El PP andaluz convirtió la bajada de impuestos en su gran promesa electoral durante la última campaña, a pesar de que Rajoy a su llegada al Gobierno acometió una dura subida de los tipos fiscales. El entonces candidato Javier Arenas, se comprometió a eliminar los impuestos creados por el Gobierno andaluz en los dos últimos ejercicios como el que grava los depósitos en las entidades de crédito (hoy anulado por el Gobierno central); el céntimo sanitario, de 2,4 céntimos por litro de gasolina y gasóleo para financiar la sanidad (tumbado por Bruselas); los impuestos de las bolsas de plástico; el canon sobre el agua; y el impuesto de sucesiones y donaciones.

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