El PP formalizó ayer su segunda querella por el caso Mercasevilla, que anuncia desde el pasado mes de septiembre, y que supone, en caso de ser admitida a trámite, una tercera línea de investigación judicial: los delitos societarios cometidos en la empresa en los últimos años.
Los populares ven indicios suficientes de falsedad en las cuentas, administración desleal, apropiación indebida, delito contra la hacienda pública, malversación de caudales y fraude en las contrataciones.
La actuación va no sólo contra responsables de la empresa ya imputados, como Fernando Mellet, Daniel Ponce, Regla Pereira o Pilar Giraldo, sino que también apunta por primera vez al recientemente designado director de la empresa, Juan Carlos Recio y a todos los patronos de la Fundación Mercasevilla. Entre ellos, Antonio Rodrigo Torrijos, Gonzalo Crespo y dos altos cargos designados por Mercasa: Ángel Gil Pascual y José Ignacio Fernández Estellés.
La propia Mercasevilla ya intentó denunciar estos hechos tras el verano de 2009 situando como únicos responsables a Fernando Mellet y Daniel Ponce, pero la juez desmontó sus argumentos e incluso les acusó de una maniobra interesada con finalidad política. Pero las circunstancias han cambiado. Sobre la mesa está la auditoría de Deloitte y el informe de las cuentas de los últimos ejercicios, además de documentación que para los populares avala una nueva vía judicial que inicia Beltrán Pérez como consejero.
La denuncia se basa en el agujero detectado en las cuentas de Mercasevilla que ocultaron pérdidas superiores a los 2,5 millones de euros, mientras los socios se repartían beneficios; en el ERE, cuyo coste de 9 millones de euros estaba maquillado y ha situado a la empresa al borde de la quiebra; y por el uso del dinero abonado por Sando en concepto no sólo del contrato de compraventa de los terrenos sino también de un posible contrato de construcción del recinto de Majarabique. A esto se añaden multiples irregularidades contables y administrativas detectadas por los auditores.
Pero el PP centra su atención en la Fundación, donde se encuentran Torrijos y Crespo, y a la que no pertenece la oposición. Este organismo tuvo que ser disuelto con un agujero de 1,2 millones de euros. Los populares consideran que en el seno de este organismo se han cometido delitos de "falsedad, maquinación y alteración contable de las cuentas, desvío de fondos públicos y perjuicio económico", así como una serie de maniobras encaminadas a ocultar los gastos al consejo de administración y maquillar las cuentas. El PP señaló directamente ayer a Torrijos: "Debe usted aclarar si ordenó el desvío de fondos de la fundación para pagar una grúa a la Asamblea del Poder Popular de Cuba que costó 35.960 euros y una cantidad similar de transporte".
