Más de 4,5 millones de andaluces tendrán que añadir en su recibo del agua un impuesto para construir infraestructuras hídricas. Son los habitantes de los 631 municipios de la comunidad que no pagan ningún canon con este fin, una tasa que la futura Ley del Agua autonómica impondrá como obligatoria.
No todas las capitales han hecho los deberes: Almería, Granada, Córdoba y Málaga no tienen el llamado canon de mejora, lo que significa que sus habitantes o no pagan el precio real del recurso -con el consiguiente déficit para las empresas gestoras- o estas ciudades no tienen la infraestructura necesaria a que obligará la legislación europea en 2015. El resto de capitales y prácticamente todos los núcleos andaluces con más de 50.000 habitantes (Marbella, Estepona, Algeciras, Jerez, Utrera o El Puerto) sí disponen ya de este canon, según la Agencia Andaluza del Agua.
Estos algo más de 4,5 millones de habitantes (el 55,19% de los 8.202.220 del total Andaluz) suponen estadísticamente unos 1.456.000 hogares, puesto que, según el Instituto de Estudios Sociales Avanzados, el tamaño medio de cada familia en la comunidad es de 3,11 miembros.
Las provincias mejor situadas ante la entrada en vigor de la futura Ley del Agua autonómica son Sevilla y Cádiz. En la primera, 57 de sus 105 localidades tienen ya implantadas esta tasa y esto suma 1.408.255 habitantes: el 75% de los ciudadanos de la provincia. Al margen de alguna pequeña localidad, destacan las ausencias de Dos Hermanas y Alcalá de Guadaíra, que suman más de 200.000 habitantes.
En cuanto a Cádiz, sólo 15 de sus 44 municipios disponen ya de este impuesto, pero entre esas localidades se encuentran, además de la capital, núcleos tan poblados como Jerez, El Puerto, Algeciras, Chiclana, La Línea y Sanlúcar. En total, 903.753 personas (también el 75% de la provincia).
Aunque las pequeñas localidades juegan con desventaja debido a los escasos recursos de sus arcas y su insuficiente población para hacer frente a la construcción de grandes obras hídricas, hay hasta 65 municipios -de los 139 que ya tienen un canon de mejora- cuya población es inferior a 10.000 habitantes.
Estas localidades han podido acometer esta tarea tras recurrir a la fórmula de la mancomunidad -como la del Campo de Gibraltar, en Cádiz, y la del Aljarafe sevillano- y a las subvenciones procedentes de la Junta y el Gobierno central. Hay incluso pueblos que pagan un canon de mejora y que tienen menos de 1.000 habitantes: como el granadino Lentegí (328 habitantes), el menos poblado de todos, el sevillano Castilleja del Campo (633), el onubense San Gil de Guzmán (754) y el jiennense Cazalilla (840).
Meses de negociaciones. El futuro canon fue pactado el año pasado entre la Junta de Andalucía y los agentes sociales -sindicatos, regantes, usuarios, empresarios- en el Acuerdo Andaluz por el Agua, documento que fue aprobado por el Consejo de Gobierno el 7 de enero después de meses de negociaciones.
El nuevo impuesto -que gravará los usos domésticos del agua- tendrá que ser cuantificado y regulado definitivamente en la futura Ley del Agua de Andalucía, un texto en cuyo borrador está trabajando desde finales de 2008 la Agencia Andaluza del Agua, dependiente de la Consejería de Medio Ambiente.
El Acuerdo Andaluz del Agua, sin embargo, ya sentó las bases de este impuesto: financiará las infraestructuras necesarias para garantizar la calidad del agua en toda la comunidad y cumplir así con la Directiva Marco de la UE (artículo 88), gravará el uso doméstico del recurso (artículo 89), se implantará a lo largo de cinco años y las familias numerosas y con rentas bajas pagarán menos mientras que los ciudadanos que ya estén asumiendo en su recibo una tasa similar no padecerán una doble imposición (artículo 90).
