El presidente de Asociación de Afectados por la suspensión de pagos de la inmobiliaria Contsa ha negado haber cobrado 200.000 euros cuando la empresa conocía sus problemas de liquidez y ha afirmado que invirtió ese dinero en una ampliación de capital.
Fuentes del caso han dicho a Efe que el imputado F.G.Z. ha sostenido, en su declaración ante la juez que investiga la presunta estafa de Contsa, que cuando recibió ese dinero del presidente de la empresa, José Salas Burzón, en octubre de 2007, se lo volvió a entregar de inmediato para participar en una ampliación de capital.
Las fuentes han precisado que tal ampliación de capital no constaba en el Registro Mercantil de Sevilla y, además, en estos casos está previsto que sus suscriptores preferentes sean los propios accionistas.
En la suspensión de pagos que tramita el Juzgado de lo Mercantil de Sevilla, F.G.Z. solo exige a Contsa 26.000 euros que invirtió en el año 2006, mientras que los administradores judiciales le han reclamado, a su vez, que devuelva esos 200.000 euros a la masa del concurso de acreedores.
En el informe entregado por Salas Burzón a los administradores concursales, declaró haber entregado 200.000 euros a F.G.Z. porque era uno de sus acreedores, por lo que las acusaciones en la denuncia penal le imputan presuntamente haber colaborado con el presidente de la empresa en la detracción de bienes en los momentos previos a la suspensión de pagos.
F.G.Z. es presidente de la Asociación de Afectados de Consta, una inmobiliaria que se encuentra en suspensión de pagos desde febrero de 2008 con unas deudas que totalizan 115 millones de euros a 1.653 afectados, en su mayoría pequeños ahorradores.
El servicio de prevención de blanqueo de capitales de la Policía detectó que Contsa hizo pagos presuntamente irregulares por valor de 6 millones de euros en los últimos meses de 2007, cuando ya era consciente de sus dificultades económicas y había dejado de pagar a sus acreedores.
La Policía imputó al dueño de Consta diversos pagos y detracciones irregulares, así como ventas rápidas de inmuebles en los meses previos a la suspensión de pagos.
En la denuncia penal por estafa de Consta, que tramita el juzgado de instrucción 17 de Sevilla, están acusados el propio Salas Burzón, su esposa, un apoderado de la compañía y una empleada que cobraba mil euros mensuales como administrativa pero sin embargo era titular del 70 por cien de la filial de Contsa en EEUU y de varios coches de lujo que usaba el presidente de la inmobiliaria.
En esta denuncia penal, Salas Burzón ha sido imputado por varios inversores por presuntos delitos de estafa, delito societario, falsedad y apropiación indebida.
El informe de los administradores judiciales entregado al Juzgado de lo Mercantil recoge un déficit de 86 millones de euros entre el activo de 28,4 millones y el pasivo de 115,2 millones, que la empresa debe a 1.653 pequeños inversores.
