Las declaraciones del decano de los jueces cordobeses, Luís Rabasa, han supuesto una bomba de efecto inmediato, no ya sólo a nivel informativo, sino que han venido a poner de relieve, aún más, el desencuentro profundo entre los jueces y la Junta de Andalucía.
Lo que ha dicho Rabasa es preocupante, no sólo por la amenaza explícita de que, al reducir a la mitad los juicios en el 2009, se producirá un colapso de la justicia en el plazo de dos años. "Esto revienta", ha afirmado textualmente, sino también por su lamentación de que los jueces están desasistidos y desprovistos de los medios para ejercer su labor.
Cierto es que la declaración del juez decano de Córdoba, no se puede poner como ejemplo de una buena política informativa, pero hay pocos magistrados expertos en esta materia, aunque alguno lo sea demasiado. Y es que, cuando Rabasa previene del reventón judicial, a causa de la disminución del trabajo en los juzgados, está anunciando una arbitrariedad corporativa, e incompatible con su función, aunque la justifique con el propósito de que esto redunde en la mejora de la calidad de las sentencias. Es éste un mensaje que llena de intranquilidad al ciudadano, que se ve utilizado como medida de presión por quiénes tienen la función indelegable de velar por sus derechos. Es decir que el juez Rabasa se ha pasado tres pueblos.
Pero dicho esto, no quita que tenga toda la razón cuando denuncia la falta de medios, por que no hace sino confirmar lo que ya se sabía, y se puso públicamente de relieve, a raíz de la sanción al juez Tirado y a su secretaria judicial. Esto, además, ha sido denunciado sin ambages por el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, en un informe dado a conocer esta misma semana. En dicho informe el TSJA denuncia las carencias, de las que culpa a la Junta, que padece la administración de justicia en Andalucía.
La más llamativa es esa necesidad de mil doscientos funcionarios para que los juzgados puedan llevar a cabo su labor, con plenas garantías, en nuestra comunidad. Y uno supone que el máximo órgano judicial andaluz debe saber lo que dice.
Por eso, resulta chocante que la consejera de Justicia, en lugar de hacer una reflexión sobre un problema que compete directamente a su departamento, se lance en tromba a descalificar el informe del TSJA, pero sin rebatirlo con argumentos ni cifras.
La culpa de todo, parece, la tiene el corporativismo. Pero eso del corporativismo, que existe, como en muchas otras profesiones, no impide que las carencias sean ciertas y que la falta de personal imposibilite el ágil, eficaz y buen funcionamiento del sistema judicial. Seamos conscientes de que el problema de la justicia tiene culpables.
Periodista
juan.ojeda@hotmail.es
