El «uso totalmente discrecional» de los fondos públicos destinados a los ERE permitió al PSOE «engrasar durante años y de esta forma la relaciones con empresarios y sindicatos». Así lo asegura la jueza Mercedes Alaya en la exposición razonada que ha enviado al Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) sobre los aforados autonómicos señalados (los exconsejeros Carmen Martínez Aguayo, Antonio Ávila, Manuel Recio y Francisco Vallejo). Un documento en el que la magistrada destaca los «réditos políticos y electorales» que obtuvo «el propio partido del gobierno (PSOE)», gracias a un fraude que, según Alaya, «generalizado en otras consejerías y empresas públicas». En su exposición, en la que vuelve a insistir en el «caos judicial» y el «absurdo procesal» que supondría dividir «aún más» la causa, la instructora afirma que el beneficio de este fraude es «plural», pues serían para «terceros próximos al poder político, al tratarse siempre de subvenciones a personas o empresa con influencia en la Junta de Andalucía». Entre estos beneficiarios estaban los sindicatos, quienes además cobraban «importantes comisiones por el pago de tales subvenciones, y «más de 260 empresas», lo que a juicio de Alaya permitió al PSOE «engrasar las relaciones con empresarios y sindicatos», con un fin electoral.
Por ello, la magistrada sostiene que el delito de prevaricación que ella imputa a los implicados «no sería el fin, sino el medio o instrumento para obtener la finalidad pretendida». Un objetivo que sería «el manejo de los caudales públicos a discreción, sin control legal o económico que pudiera entorpecer las decisiones políticas sobre los mismos». Es decir, lograr vía libre para sus pretensiones partidistas. Además, todos los beneficiarios de este delito («empresarios, intrusos, sindicatos y mediadores), que conocían «la forma inusual (para cualquier ciudadano medio) por la que se habían obtenido las ayudas», tendrían «una participación destacada en mantener la llamada paz social», según la jueza. Un fraude que a su juicio no solo se daba en la Consejería de Empleo y en la Agencia IDEA, sino que «la situación era generalizada en otras consejerías y empresas públicas», según se deduce «de los expedientes de Propuesta de Acuerdo de Consejo de Gobierno para la aprobación del programa anual de control financiero permanente de las citadas empresas». Así, la titular del Juzgado de Instrucción número 6 incluye en esta exposición razonada (no lo hacía en la que envió este verano al Tribunal Supremo) la última línea de investigación abierta en la que reclamaba diversa documentación sobre empresas públicas de la Junta, como la RTVA o Egmasa, ante un posible «paralelismo» en su financiación con el sistema usado para los ERE. Todo ello, pese a que ya hay un juzgado que mantiene varias diligencias abiertas por este mismo motivo.
Ahora, en su exposición Alaya asegura que las transferencias de financiación, el sistema empleado para los ERE con el que se eludían los controles y la fiscalización, «no era un hecho aislado de IDEA», sino que ocurría en otras muchas empresas públicas. Según la exposición, en la Memoria de la Intervención se recoge que «la Agencia IDEA y otras empresas públicas presentaban defectos en la contabilización de las transferencias de financiación que afectaban a resultados o a la clasificación de su activo y pasivo». «Se ha puesto de manifiesto irregularidades en la tramitación» de los expedientes que utilizaban algunas consejerías «para enviar fondos» a estos entes, añade. Por último, la magistrada también señala a todo el Consejo de Gobierno presidido por Manuel Chaves entre 2005 y 2007, ya que asegura que todos sus miembros conocían el fraude.
