El nuevo Gobierno andaluz, cuyos consejeros toman hoy posesión, tiene por delante una agenda que es para echarse a temblar. Sin duda el reto más difícil y el primero que deberá encarar es el recorte de 2.696 millones de euros al Presupuesto de este año para cumplir con las exigencias de Bruselas de situar el déficit en el 1,5% del PIB andaluz. El tijeretazo afectará a los servicios sociales -sanidad, educación y dependencia-, aunque el Ejecutivo de coalición insista en que hará lo imposible para salvaguardar el Estado de Bienestar. El examen más difícil será el próximo día 16, cuando el Estado se reúna con las comunidades en el Consejo de Política Fiscal y Financiera (CPFF) para analizar los ajustes autonómicos. Andalucía, que celebrará el primer Consejo de Gobierno mañana, no llevará a la cita de Madrid las partidas concretas del Presupuesto que se verán reducidas.
Andalucía lleva meses soportando una presión -"injusta y temeraria, en palabras del presidente de la Junta"- y continuos ataques por el estado de sus cuentas. El Ejecutivo de Mariano Rajoy tiene sus miras puestas en una comunidad que se erige en el referente de la izquierda y que es casi una excepción en un mapa de dominio del PP. El Gobierno central, y también el PP andaluz, urgen a la Junta a aclarar de dónde va a recortar los casi 2.700 millones. Hasta ahora, la Consejería de Hacienda alegaba que un Gobierno en funciones no tenía la potestad para concretar los ajustes. Mañana estará ya a pleno rendimiento, pero la titular de este departamento, Carmen Martínez Aguayo, previsiblemente no podrá presentar el recorte pormenorizado en el CPFF del día 16. "No dará tiempo", aseguran fuentes de la consejería. Es un sudoku complejo. En ese encuentro, cada comunidad llevará su plan de reequilibrio para limitar del déficit al 1,5% en 2012, unos documentos a los que el Ministerio de Hacienda deberá dar o no el visto bueno. Andalucía tiene que meter la tijera al 8% de un Presupuesto que asciende a 32.020 millones de euros. También se analizarán los planes autonómicos enviados a Madrid antes del 30 de abril para acogerse al plan de pago a proveedores, un informe que la Junta dice que mandó "en tiempo y forma".
El departamento que dirige el andaluz Cristóbal Montoro ya ha avisado de que no le temblará la mano con las autonomías que incumplan el objetivo del déficit. A las que no hagan sus deberes les caerá "todo el peso de la Ley de Estabilidad", advierten, una norma que prevé sanciones y que, incluso, permite al Estado intervenir una comunidad. La amenaza de la intervención ha planeado sobre Andalucía, aunque la Junta censura una estrategia que considera "partidista" y defiende con números que Andalucía tiene sus cuentas más saneadas que otras autonomías del PP que, sin embargo, no están en la diana del Gobierno de Rajoy. Según los últimos datos del Banco de España, la deuda por habitante de Andalucía es de 1.784 euros, frente a los 3.584 euros del resto de regiones. La comunidad cerró 2011 con un déficit del 3,22%, en la media y muy por debajo de Castilla-La Mancha, Valencia o Cataluña.
confrontación. En este asunto, la confrontación entre la Junta y el Gobierno central no ha hecho más que empezar, por mucho que ambas administraciones se prometieran el sábado, en la toma de posesión de José Antonio Griñán, "lealtad inetitucional". Además de la campaña contra las cuentas andaluzas, la Junta ve una "deslealtad" que los Presupuestos Generales del Estado de 2012 no inviertan en Andalucía según su peso poblacional, tal y como recoge nuestro Estatuto. Andalucía y -en menor medida País Vasco- se ha convertido en la comunidad rebelde. El nuevo Gobierno de izquierdas ya ha avisado de que plantará cara y dará la "batalla" a los recortes sociales que imponga Moncloa. La Junta ultima un recurso al Constitucional por la retirada de la tarjeta sanitaria a los inmigrantes irregulares -igual que País Vasco- y está sopesando si llevar a los tribunales los ajustes educativos. Denunciará toda ley que considere "injusta", pero acatará el déficit, aunque no esté de acuerdo con un reparto que, según denunció el presidente andaluz, hace recaer en las espaldas de las autonomías la mayor parte del ahorro.
Cuadrar el recorte del Presupuesto será "muy duro", admiten fuentes del Gobierno andaluz. Griñán se comprometió a explicar en el Parlamento cómo quedarán las cuentas y ofreció diálogo al PP. Es una incógnita cómo se va a acometer el recorte sin privatizar servicios y sin renunciar al "patrón" de lo público. No hay margen apenas, con una caída de ingresos estrepitosa y sin capacidad de endeudamiento. El presidente avanzó que se subirán los impuestos, siempre de forma progresiva, y que habrá un nuevo plan para luchar contra el fraude fiscal y social. Más allá de eso, no se conoce ninguna otra medida recaudatoria.
