Pocas decisiones del Tribunal Supremo han generado tanta expectación en la sociedad como la que debía tomar ayer la Sala Tercera: ¿se puede objetar a Educación para la Ciudadanía, una materia obligatoria y evaluable? Los 30 jueces no lo encontraron fácil. Después de ocho horas de deliberaciones, decidieron prolongar el debate hasta hoy.
Tampoco es seguro que los magistrados de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Tribunal Supremo resuelvan hoy un asunto que lleva año y medio enquistado en las escuelas de toda España. Los jueces se reunieron ayer a puerta cerrada a las 10.30 de la mañana. Estuvieron tres horas y media deliberando y después se fueron a comer. Regresaron a las 16.30, y durante cuatro horas y media más debatieron acerca de los límites de la legalidad de una asignatura que algunos padres han acusado de servir para el adoctrinamiento de sus hijos, y por ello reclaman a los jueces que les permitan objetar y no les suspendan ni les nieguen el título de graduado, como amenazó el Ministerio de Educación.
En la mesa, cuatro recursos contradictorios: tres a favor de la asignatura, que han llegado del Tribunal Superior de Justicia de Asturias, y uno en contra, que dictó la Sala Tercera del TSJ andaluz, el primer tribunal de España que admitió la objeción de un alumno a EpC, y que más tarde anuló contenidos de la asignatura -sobre diversidad sexual- por considerar que vulneraban "la libertad religiosa de los padres".
Los 30 jueces del Supremo volverán a encerrarse hoy, a las 10.00 horas, para buscar una doctrina que unifique los criterios contrapuestos que han surgido en distintos tribunales del país en torno a Ciudadanía. Hay cuatro sobre la mesa y más de un centenar en lista de espera. Pero la doctrina que se espera hoy debería apuntalar el marco legal para todos los casos. Padres, alumnos, maestros de Primaria, profesores de Secundaria, políticos de diverso signo, jueces de distintos tribunales de España, eclesiásticos, sindicatos... La sentencia, sea la que sea, pondrá fin a la vía judicial y obligará a mover muchas sillas en las aulas. Los padres que critican la materia han anunciado que, de fallar en contra, recurrirán al Constitucional.
