La denominada Sala del 61 del Tribunal Supremo (TS) decidió ayer por unanimidad anular las listas de Askatasuna y D3M a las elecciones vascas del próximo 1 de marzo. A estas formaciones ahora sólo les queda la posibilidad de recurrir ante al Tribunal Constitucional (TC), antes del comienzo de la campaña electoral, la medianoche del jueves, 12 de febrero.
La decisión del Supremo ha sido ampliamente deliberada, la última reunión comenzó a las 17.00 horas de ayer y concluyó cerca de la medianoche, a las 23.20 horas, con la decisión de anular las dos listas, al considerar que la Fiscalía y el Gobierno han presentado pruebas más que suficientes para llegar a la conclusión de que las dos candidaturas tienen relación con el entramado de ETA y Batasuna.
Tras esta decisión del Supremo, será la primera vez que no haya ninguna lista abertzale en unas elecciones al Parlamento vasco, aunque aún falta la palabra del Constitucional.
Los 15 magistrados que componen la Sala Especial, más su presidente, Carlos Dívar, comenzaron a estudiar las impugnaciones de la Abogacía del Estado y el Ministerio Público el pasado jueves e interrumpieron los debates el sábado al conceder a Askatasuna y a D3M un plazo adicional, que finalizó a las 14.00 horas de ayer, para que contestaran a dichas demandas. Los magistrados lo acordaron así después de que ambas formaciones alegaran que no habían tenido "tiempo material" de examinar las demandas al tener que acudir el pasado viernes sus representantes legales a declarar ante el juez de la Audiencia Nacional Baltasar Garzón.
Según informaron a Efe fuentes del Alto Tribunal, un representante de Askatasuna presentó a las 13.15 horas de ayer sus alegaciones en el registro del Supremo, mientras que D3M las envió por correo electrónico. Askatasuna alega que "no hay prueba alguna, ni siquiera indicio, de que Askatasuna es sucesora de Batasuna ni que forme parte de ningún planteamiento de ETA" y añade que los informes del Servicio de Información de la Guardia Civil y de la Policía no tienen valor de prueba pericial. Además, señalan que "no tiene cabida que en un afán evidente por dejar fuera de la contienda electoral a una determinada opción política se soliciten estas anulaciones sin que tan siquiera con carácter previo se interese la ilegalización del partido".
Las pruebas. El Gobierno en sus demandas incluye conversaciones de presos etarras dando por descontando la presentación de una lista "blanca" añadida a la de D3M, sin embargo, esta formación indica en su escrito de alegaciones que la transcripción de éstas "es parcial, está sacada de contexto y no consta autorización ni control judicial". Tanto la Fiscalía como los servicios jurídicos del Estado consideran que Askatasuna y la agrupación electoral D3M están auspiciadas por ETA para asegurar su presencia en las instituciones tras la ilegalización de Batasuna, Acción Nacionalista Vasca (ANV) y el Partido Comunista de las Tierras Vascas (EHAK-PCTV).
El ministro del Interior, Alfredo Pérez Rubalcaba, aseguró el sábado que si Askatasuna y D3M finalmente no pudieran presentarse a las elecciones vascas, como así parece que será, "estaríamos aplicando una ley que establece que en España no se puede ir a un parlamento a justificar la violencia". "Sus ideas sí pueden estar en la democracia española, pero lo que no pueden estar son sus pistolas", retiró Rubalcaba.
El ministro no quiso pronunciarse sobre el resultado de las deliberaciones de los magistrados del Tribunal Supremo sobre las impugnaciones de las candidaturas de estas formaciones a las elecciones del próximo 1 de marzo. Se limitó a manifestar que "creemos haber presentado pruebas más que suficientes para establecer una relación inequívoca entre las dos candidaturas y la ilegalizada Batasuna".
