Hace dos años el entonces ministro de Justicia Alberto Ruiz Gallardón instauraba las polémicas tasas judiciales. El balance desde entonces es una dimisión, dos recursos en el Tribunal Constitucional, el mundo judicial en pie de guerra, y más de 550 millones de euros de recaudación de los que 12,5 provienen de la provincia de Sevilla. La consecuencia, que miles de ciudadanos no han podido acudir a la Administración de Justicia a reclamar lo que creen que es suyo. Las estadísticas judiciales así lo demuestran, pues prácticamente todos los procedimientos en los que hay que pagar tasas han descendido desde el 20 de noviembre hasta ahora, algunos incluso se han reducido a la mitas. El mundo judicial sigue pidiendo su derogación, pero por el momento el nuevo ministro de Justicia, Rafael Catalá, solo habla de «suavizarlas».
La implantación de las tasas judicial provocó varias protestas de los agentes judiciales, sobre todo, abogados y procuradores. / J. M. Espino
Sevilla es en la actualidad la segunda provincia andaluza que más paga en tasas judiciales, solo superada por Málaga con 13,5 millones, según los datos recogidos en el Boletín Oficial de las Cortes Generales en respuesta a una pregunta parlamentaria, y que engloban las cifras desde su entrada en vigor hasta julio de este año. Desglosando el dato por año, en 2012, en tan solo un mes los sevillanos que acudieron a la Justicia pagaron 132.000 euros en tasas; en 2013 (único año completo) fueron 7.673.000 millones de euros; mientras que entre enero y julio de este año han sido 4.638.000 millones. Las propias cifras ya revelan un descenso de ingresos, pues hay que tener en cuenta que agosto es inhábil y que en dos meses es difícil que se ingrese la misma cantidad que en el resto del año para igualar las cifras de 2013.
Un descenso que se aprecia en las estadísticas ofrecidas por el Decanato de los juzgados. Uno de los más llamativos son las reclamaciones por responsabilidad de la Administración, es decir, por el perjuicio causado a algún ciudadano durante la prestación de un servicio público, que se han reducido a la mitad. «Es normal porque si una persona sufre una situación traumática por un mal funcionamiento y reclama una indemnización, no solo tiene que abonar la tasa, sino también un porcentaje de la cantidad que reclama, salvo que tenga acceso a la Justicia Gratuita», explica el presidente de la Asociación de Abogados Independientes de Sevilla (Adais), José Manuel Carrión.
La derogación de las tasas es uno de los objetivos de Adais, que anuncian «acciones en breve» contra las mismas, porque «para el ciudadano medio que no tiene derecho a la Justicia Gratuita, pero que tampoco pueden permitirse pagar unas tasas, un abogado y un procurador». «Se ha notado muchísimo en las reclamaciones contra las multas de tráfico por ejemplo» y también en los juicios cambiarios (aquellos en los que se reclama el impago de una letra de cambio, cheque o pagaré), que han descendido un 42 por ciento en dos años. «Es un auténtico desastre», asegura Carrión, para quien lo peor es que las altas tasas para reclamar a una instancia superior (a la Audiencia 800 euros y 1.200 euros al Supremo) hacen que «el ciudadano tenga que conformarse con lo que se dicte por un juez».
Estos abogados acusan al Gobierno de «afán recaudatorio» tras esta medida que, según se recoge la ley que las regula, lo que busca es «racionalizar el ejercicio de la potestad jurisdiccional, al mismo tiempo que la tasa aportará unos mayores recursos que permitirán una mejora en la financiación del sistema judicial y, en particular, de la asistencia jurídica gratuita». Según fuentes del Ministerio de Justicia, lo recaudado en 2013 «supuso el 10 ciento del coste de la Justicia Gratuita», que ese año ascendió a más de tres mil millones de euros, frente 316.500.000 que se obtuvo de las tasas.
Sin embargo, desde la Junta de Andalucía el mensaje es bien diferente. La semana pasada el propio consejero de Justicia, Emilio de Llera, reclamó al Estado los 54 millones de euros recaudados en Andalucía con el objetivo de contribuir a financiar la Asistencia Jurídica Gratuita, pues hasta ahora no han recibido ni un euro. Por ello, la Junta considera que el Gobierno central está incumpliendo la Ley de Tasas «ya que no ha recogido en los Presupuestos Generales del Estado una partida para hacer entrega, a las comunidades autónomas» de las cuantías que le corresponden.
Para el consejero «las tasas judiciales son un fracaso» que ha causado «una regresión grave en los derechos de la ciudadanía y rompiendo el principio de igualdad en el acceso a un servicio público esencial como es la Justicia». De hecho, los dos recursos que están en el Constitucional fueron interpuestos por la Administración andaluza. Para De Llera, «además de no contribuir a la citada financiación de la Justicia gratuita», las tasas «no están sirviendo para arreglar los problemas reales de la Justicia».
