El Tribunal Constitucional (TC) ha decidido mantener la suspensión de la Ley de incompatibilidades de altos cargos de la Administración de la Junta de Andalucía que establecía la incompatibilidad entre los cargos de diputado autonómico y alcalde o presidente de diputación, según han confirmado a Europa Press fuentes del alto tribunal.
En un auto, que fue notificado el pasado viernes, el Constitucional mantiene así la suspensión de la norma que decidió el pasado 17 de abril al admitir a trámite el recurso de inconstitucionalidad promovido por el presidente del Gobierno contra la ley andaluza, tal y como adelanta este miércoles el diario 'La Razón'.
El TC cumple así con el plazo "no superior a cinco meses" con el que contaba para ratificar o levantar la suspensión de la norma, desde la fecha de interposición del recurso por parte del presidente del Gobierno, que se produjo el 7 de marzo.
En el acuerdo adoptado en abril, el TC decidía "admitir a trámite" el recurso y comunicaba que ello provoca la "suspensión de la vigencia y aplicación de los preceptos impugnados" al haber invocado el presidente del Gobierno el artículo 161.2 de la Constitución, que le habilita a "impugnar leyes, disposiciones normativas o actos con fuerza de Ley de las Comunidades Autónomas".
En el auto dictado el pasado viernnes, al que ha tenido acceso Europa Press, se señala que el motivo principal del recurso del Gobierno es que considera que la ley andaluza priva del derecho de sufragio pasivo a los afectados por la incompatibilidad.
Durante el final de la pasada legislatura, el PP arremetió contra ese veto a los regidores, después de que el Pleno del Parlamento andaluz aprobara en noviembre del año pasado, con los votos de PSOE-A, establecer, mediante una modificación de la Ley de Electoral de Andalucía, la incompatibilidad entre los cargos de diputado autonómico y alcalde, lo que contó con el rechazo del PP-A y la abstención de IULV-CA.
La incompatibilidad afectaría a varios alcaldes y diputados del PP, entre ellos, el candidato a la presidencia del PP-A y alcalde de Sevilla, Juan Ignacio Zoido, o los regidores de Córdoba y Huelva, José Antonio Nieto y Pedro Rodríguez, respectivamente. En esa misma situación se encuentran la alcaldesa de Fuengirola (Málaga), la 'popular' Esperanza Oña, o el diputado de IU y alcalde de Marinaleda, Juan Manuel Sánchez Gordillo.
El alcalde de Sevilla y parlamentario andaluz, Juan Ignacio Zoido (PP), ha asegurado "compartir y respetar" la resolución del Tribunal Constitucional (TC) de mantener la suspensión de la Ley de incompatibilidades de altos cargos de la Administración de la Junta de Andalucía que establecía la incompatibilidad entre los cargos de diputado autonómico y alcalde o presidente de diputación, normativa que ha calificado de "incongruencia".
En declaraciones a los periodistas, Zoido ha señalado que, al margen de su conformidad con la decisión del tribunal, "como ciudadano lo que tengo que hacer es respetarla", destacando el hecho de que, hasta ahora, "se está dando cobertura y amparo a la decisión del PP de recurrir la ley".
"Pensábamos que era tratar de manera desigual a los alcaldes andaluces, a los que no se permitía estar en el Parlamento, mientras que en otras comunidades sí", ha recordado el primer edil hispalense, para agregar que "un alcalde de Sevilla puede ser europarlamentario, senador o diputado nacional, y sin embargo no puede ser parlamentario andaluz en la barriada de la Macarena".
Por ello, el diputado autonómico popular se ha congratulado de que la decisión del TC de prolongar la suspensión cautelar dictada, a la espera de una sentencia definitiva, venga a "avalar" la tesis defendida por el PP. Por último, Zoido ha asegurado que "sea cual sea" el fallo, "lo respetaré, como estoy haciendo con la decisión de ahora, pues se podrá compartir o no pero la obligación es respetar las decisiones judiciales, salvaguarda del Estado de Derecho".
Según han confirmado a Europa Press fuentes del alto tribunal, en un auto, que fue notificado el pasado viernes, el TC mantiene así la suspensión de la norma que decidió el pasado 17 de abril al admitir a trámite el recurso de inconstitucionalidad promovido por el presidente del Gobierno contra la ley andaluza.
