El tijeretazo de Zapatero al sueldo de los funcionarios públicos (entre un 3 y un 8%, según las estimaciones que ha filtrado el Gobierno) se coló ayer de lleno en la sesión del Claustro de la Universidad de Sevilla. El Parlamento académico solicitó al rector que convoque una reunión extraordinaria del órgano con un único punto del orden del día: el efecto que tendrá el recorte sobre los proyectos académicos pendientes, la promoción del profesorado, las becas, la investigación... y, por supuesto, en la nómina de la plantilla.
El encargado de abrir el fuego fue el hasta hace poco vicerrector de Ordenación Académica Juan José Iglesias (muy activo durante todo la sesión. ¿Pensará ahora que es catedrático en presentar una candidatura al Rectorado?). "Entiendo que hasta que la Universidad no conozca el alcance de la medida no se puede pronunciar, pero una vez tenga la información pido que se convoque un claustro extraordinario para aprobar un pronunciamiento público, claro y contundente", defendió Iglesias en su primera intervención para apostillar más tarde: "Se nos pidió que aplicáramos Bolonia a coste cero y ahora además con una rebaja salarial".
Su propuesta fue secundada inmediatamente por el profesor Rivero Ysern, que calificó la bajada como una de las "más gravosas". Incluso hizo una cuantificación aproximada de lo que perderá un funcionario de la principal categoría a tiempo completo: 6.000 euros anuales menos y retirada de un plumazo de las pagas extras. La profesora de Comunicación Pilar Bellido reclamó al rector que "no olvide" la propuesta de un claustro extraordinario por tratarse de un recorte presupuestario "importante".
El máximo responsable de la Hispalense, Joaquín Luque, respondió con un lacónico "tomo nota", pero no dejó escapar la ocasión para adelantar una medida de calado que se ejecutará en los próximos meses: "Estamos estudiando un recorte del gasto de la Universidad asumible. Todo depende del contenido del Real Decreto" que firme el Gobierno y en el que se fije exactamente cómo se va a aplicar el tijeretazo a los funcionarios. Las palabras del rector fueron secundadas por el gerente de la institución durante su presentación de los presupuestos de 2010. "Deberíamos adoptar medidas para ahorrar en gastos. La modificación presupuestaria se realizará cuando conozcamos el alcance del acuerdo estatal", afirmó Juan Ignacio Ferraro.
Pero el Claustro de ayer estaba convocado para una cuestión bien distinta. La comisión de proyectos normativos presentó su modificación del artículo 27 del Reglamento de Actividades Docentes, después de que los estudiantes reclamaran su derogación. A este artículo -por el que había que matricularse de una asignatura de primer curso para poder hacer la del segundo año- le achacaban los alumnos el desbarajuste en la matriculación y la masificación de las aulas.
La propuesta de la comisión (que será votada desde ayer y hasta mañana a las 18.00 horas) deja la puerta abierta a que sean los centros los que fijen los criterios de matriculación ya que son ellos los que mejor conocen los planes de estudio. Después, el Consejo de Gobierno tendría que refrendarlos. La Universidad de Sevilla hace así una dejación de funciones en los centros, tal y como adelantó este periódico.
De nuevo Juan José Iglesias -autor de una de las tres enmiendas al anterior texto del reglamento- puso pegas al poder que se le concede ahora a los centros. "No termino de verlo. Confío en los centros pero eso hará que no haya un sistema común. Se puede producir una distorsión, un agravio comparativo entre los centros. Además, puede afectar a las tasas de éxito académico e incluso al precio de las matrículas", argumentó el hasta hace poco mano derecha del rector Luque.
Por último, el Claustro universitario votó fijar un máximo de cinco nombramientos de Doctor Honoris Causa durante un mandato, uno por área de conocimiento y con posibilidad de incorporar tres nombres más en casos excepcionales.
