El presidente del TSJA, Augusto Méndez de Lugo, se posicionó ayer por primera vez ante una posible huelga de jueces al advertir que éstos "tienen recortados sus derechos por la Constitución". Rehusó aludir a la legalidad o ilegalidad de esta medida porque "deberá decidirse en el ámbito judicial".
"Imagínese que otro poder del Estado ejercitara su derecho a la huelga. Los jueces tienen recortados sus derechos". Ese fue el razonamiento ayer del presidente del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) al ser preguntado sobre su postura ante una posible huelga de jueces por la falta de medios.
Tras el anuncio de las juntas de jueces de Extremadura, Murcia y Málaga de convocar una huelga el 18 de febrero, cuatro asociaciones de jueces han lanzado una propuesta para cambiar esta medida de presión por una movilización y posponer la posible huelga hasta junio si en ese tiempo el Ministerio de Justicia no atiende a sus reclamaciones. La propuesta será analizada el próximo día 21 enero por las juntas de jueces de todas las provincias españolas.
Desde el TSJA, Méndez de Lugo aseguró que, ante una convocatoria firme de huelga, "cabe un abanico de posibilidades: que haya un pronunciamiento judicial que diga que es legal, y entonces el Consejo General del Poder Judicial tendría que fijar unos servicios mínimos, o que el pronciamiento judicial diga que no es legal".
El presidente del Alto Tribunal eludió pronunciarse sobre la ilegalidad o ilegalidad de una huelga de jueces, pero recordó que éstos, como poder "independiente" del Estado y cuya legitimidad "emana del pueblo", tienen "sus derechos recortados por la Constitución". En concreto aludió a su prohibición de afiliarse a sindicatos o partidos políticos y a su régimen de incompatibilidades.
Al margen de la legalidad o no de la medida, Méndez de Lugo no se mostró partidario de "la confrontación" porque "pone en serio peligro el Estado de Derecho" y subrayó que para la gobernabilidad del sistema , "los poderes tienen que estar interconectados, respetando las competencias de cada uno" y con "críticas pero no descalificaciones". En un momento en el que el Gobierno y el Poder Judicial mantienen continuas desaveniencias por la falta de medios denunciada por los jueces y el desacuerdo del Ejecutivo con la sanción del CGPJ impuesta al juez Rafael Tirado -que no ejecutó una sentencia que habría mantenido en prisión al presunto asesino de Mari Luz Cortés- Méndez de Lugo aseguró que la solución sólo llegará "dialogando, dialogando, dialogando, y cediendo unos y otros".
El presidente del TSJA hizo estas declaraciones durante una convocatoria de prensa junto a la consejera de Justicia, Evangelina Naranjo, con quien ha mantenido discrepancias públicas tras la presentación de un informe en noviembre en el que el Alto Tribunal denunciaba un déficit de personal de más de 1.200 funcionarios que la Junta cuestionó.
En el acto conjunto -la firma de un protocolo con la Consejería de Igualdad para el intercambio de información sobre los enjuiciados con problemas de drogadicción- Méndez de Lugo y Naranjo rehusaron referirse a este informe y la consejera sólo aludió a la próxima constitución de una comisión encargada de analizar el futuro proyecto organizativo de recursos humanos de la justicia, integrada por representantes del TSJA, la Fiscalía, la Junta y los sindicatos más representativos. Sin embargo, horas antes durante un acto en Huelva, la titular de Justicia volvió a desacreditar el informe del TSJA al afirmar que no está hecho "con la rigurosidad y profesionalidad que merece pues ha sido realizado por los propios jueces que no saben de reorganización de recursos humanos". Una reorganización que, según aseguró, se hará de manera independiente por expertos profesionales en la materia.
