Las declaraciones del secretario de Estado del Vaticano, Tarsicio Bertone, en su visita institucional a España han suscitado una cierta polémica. El cardenal aprovechó ayer una conferencia sobre Derechos Humanos para cargar contra medidas del Gobierno de Zapatero como la pretendida reforma de la ley del aborto -"si algo es necesario es restringir, no ampliar"- o la legalización de los matrimonios de homosexuales. Y tampoco escatimó críticas a la asignatura de Educación para la Ciudadanía cuando subrayó que hay que respetar el derecho de los padres a educar a sus hijos bajo sus convicciones religiosas. En realidad, no deja de extrañar el revuelo que se ha formado con sus declaraciones, pues lo raro hubiera sido que el número dos del Vaticano se pronunciara de otro modo sobre estos temas. Se trata de la mano derecha del Papa Benedicto XVI y defiende unas ideas que son conocidas por todos. Otra cosa es que se esté de acuerdo con éstas y, sobre todo, que haya que aceptar que lo que dice el Vaticano en estas materias es lo correcto. De hecho, Tarsicio Bertone pronunció ayer algunas frases que no se ajustan ni a la realidad de la sociedad española ni a su marco legal.
Así, aseguró que el Estado no puede impedir la práctica pública de la religión -algo que jamás ha pasado en la España democrática-y que tiene que ser "absolutamente neutral" respecto a todas las confesiones, pero respetando el "arraigo cultural e histórico" de su fe, cosa que ya cumple el Gobierno español con un acuerdo con la Santa Sede sin parangón en Europa y que, por cierto, no deja de ser chocante en un Estado que se declara aconfesional y termina por financiar generosamente las actividades de una religión. El Gobierno hace bien en cuidar las relaciones con el Vaticano por su condición de Estado la que hay que respetar y por la sensibilidad católica de millones de españoles, pero este respeto por el "hecho religioso" no implica que no se pueda discrepar, pues el Estado es de todos, tanto de los católicos como de los que no profesan esa religión.
