Eloy Carmona, concejal de Tomares.
El concejal de Presidencia del Ayuntamiento de Tomares, Eloy Carmona (PP), y el concejal de Hacienda, el también popular Miguel García de la Rosa, han comparecido este lunes como imputados ante el Juzgado de Instrucción número ocho de Sevilla, si bien ambos se han acogido a su derecho constitucional a no declarar. El actual concejal de Deportes y otrora responsable de Hacienda, José María Soriano, estaba también citado pero no habría asistido alegando motivos de salud, según han informado a Europa Press fuentes judiciales.
Los concejales del PP, además de acogerse a su derecho constitucional a no declarar, habrían solicitado la práctica de una prueba en estas nuevas diligencias incoadas por el Juzgado de Instrucción número ocho, a partir de la investigación del contrato gracias al cual el concejal del Ayuntamiento de Tomares Juan Campos (PP) percibió retribuciones municipales cuando aún no ostentaba acta de edil por unos breves informes de apenas unas frases.
También estaban citados a declarar tres empresarios, dos de los cuales habrían comparecido pero acogiéndose también a su derecho constitucional a no declarar, mientras el tercero de ellos no habría acudido. En cuanto a los tres testigos de la causa, entre los que figura el concejal del PA, Alberto Mercado, si bien estaban también llamados a declarar este lunes, su comparecencia ha sido aplazada.
EL CASO TOMARES Todo se encuadra en la investigación judicial relativa a la contratación del edil popular del Ayuntamiento de Tomares Juan Campos, para la elaboración de una serie de informes cuando no ostentaba aún el cargo de edil, dado que su contratación a manos del Consistorio tomareño se remonta al pasado mandato.
La oposición denunciaba que los informes constan de apenas dos o tres líneas y habrían sido elaborados 'a posteriori', para justificar precisamente el dinero abonado a Campos, así como una supuesta vulneración de las normativas de contratación, dado que el contrato firmado entre el Ayuntamiento y Campos fue formalizado en octubre de 2007 por un año "improrrogable", pero los pagos se habrían prolongado hasta 2009.
Merced a esta causa fueron imputados el concejal de Presidencia, Eloy Carmona; la concejal de Medio Ambiente, Mercedes Fuentes; el propio Juan Campos; y la concejal de Urbanismo, Pilar Domínguez; así como también el propio vicesecretario interventor del Ayuntamiento de Tomares y dos representantes de la sociedad limitada 'Guerra 21'. A finales del pasado mes de enero, por último, la juez instructora elevó al Tribunal Supremo una exposición razonada sobre los "indicios" a su juicio existentes contra el alcalde y senador, José Luis Sanz (PP), quien goza de la condición de aforado como senador por Andalucía y sólo puede ser juzgado por el Supremo.
OTRA CAUSA MAS Como consecuencia de otra denuncia de la oposición, en concreto del PA, el Juzgado de Instrucción número 19 abrió otra investigación sobre las retribuciones municipales cobradas por el que fuera presidente local del PP Mariano Cuesta, por la elaboración de una serie de informes con cargo al Ayuntamiento que según la denuncia que investiga el juzgado, "ni se realizaron ni se atendieron los fines para los que se facturó". En dicha causa figura también como imputado Eloy Carmona y ambos casos, el Gobierno municipal del PP ha negado ilegalidad alguna y ha defendido que todo deriva de denuncias "políticas" y "falsas" de las fuerzas de oposición.
El caso es que en el marco de la instrucción del contrato de Juan Campos, el Juzgado de Instrucción número ocho, en virtud de una de las comparecencias incluidas en la causa, ha resuelto deducir testimonio e incoar un nuevo procedimiento por un presunto delito de cohecho relacionado con la supuesta contratación de trabajos no justificados y sobre los que no mediarían "informes".
En esta causa están imputados Eloy Carmona, que suma ya su tercera imputación; el concejal José María Soriano en su papel de exedil de Hacienda; Miguel García de la Rosa, actual responsable del área de Hacienda; y tres empresarios.
