Más control sobre los fondos y más flexibilidad en los plazos para beneficiarse de ellos. Son dos de las novedades del complemento del fondo municipal que aprobó ayer el Gobierno andaluz que, entre otras condiciones, obliga a los ayuntamientos a pagar las obras a las empresas en 30 días.
El programa andaluz tiene un diseño muy similar al previsto por el Ejecutivo de José Luis Rodríguez Zapatero: la administración autonómica libera dinero para que sea invertido en obras municipales que proyectan los ayuntamientos y ejecutan empresas contratando a parados. A los 1.426 millones del Estado se sumarán 300 de la Junta, que dará otros 60 para formación.
La principal diferencia en el planteamiento del Gobierno de Manuel Chaves tiene que ver con que, a la hora de repartir el dinero, el factor que más pesará será el desempleo. Habrá tres criterios: el número de parados (que supondrá un 50% de la ponderación), la variación del empleo en el último año (30%) y la población, que en el caso del fondo estatal supone el 100% de la ayuda y ahora sólo el 20%. Aunque la Consejería de Empleo aún no ha facilitado los datos de cuánto recibirá cada ayuntamiento por este concepto, el consejero Antonio Fernández sí aportó cifras con las que quiso negar que haya un sesgo partidista en la distribución (el PSOE gobierna el 63% de los ayuntamientos y gestionará el 55,6% de los recursos, según sostuvo).
Hay más diferencias. Serán más estrictas las condiciones para gestionar los recursos, sobre todo, para lograr el objetivo de que el dinero circule y dinamice la economía. Con tal fin, el decreto obliga a los ayuntamientos a que, en el plazo de 30 días desde que se expiden los certificados de obras, el contratista reciba el dinero. El mismo margen tiene éste para pagar a posibles subcontratas.
El control sobre el fondo será también mayor ya que la Junta obliga a que las corporaciones locales abran una cuenta separada en la que se abonará el dinero que les corresponde.
Lo que sí es más flexible es el plazo que se da a los ayuntamientos para presentar proyectos: la solicitud han de registrarla antes del día 23, pero la documentación concreta la pueden retrasar hasta el 28 de febrero (y no a finales de enero, como obliga el Estado). Y la acreditación de que los proyectos se han ejecutado también se alarga hasta el segundo trimestre de 2010 con posibilidad de prórroga de seis meses. En definitiva, más margen para terminar las obras y para que los trabajadores mantengan el empleo y, por tanto, sus cotizaciones. Para beneficiarse del fondo andaluz, el decreto también acaba con la condición del estatal de que los ayuntamientos estén al día con la Seguridad Social y Hacienda. Aduce el "interés social" de estas actuaciones.
