María Vargas pasó ayer la mañana angustiada apilando sus cosas en el salón de la VPO que, de manera ilegal, ocupó a finales de octubre de 2013. «Esta mañana me ha llamado un sargento de la Policía y me ha dicho que me tenía que ir, que lo ha dicho un juez, y yo le he dicho que tengo tres hijos y no tengo donde ir», relataba nerviosa a este periódico.
La Policía, según su abogado Luis Duarte, le habló de un oficio emitido por la jueza de instrucción 17 ordenando el desalojo en un plazo de tres días, si bien la defensa de María no ha recibido notificación alguna y según explicó tanto Duarte como su colega Margarita Aruas, que desde hoy relevarán al abogado de oficio de María y se personarán en el caso, no existe auto previo decidiendo el desalojo. La última notificación del juzgado, del 16 de octubre, es la apertura del juicio oral por un delito de usurpación ilegal. El escrito del fiscal que lo acampaña coincide en la calificación del delito pero señala que «concurre la circunstancia de atenuante analógica de estado de necesidad» y solicita que se atenúe la multa de seis meses a razón de 12 euros al día pedida por Emvisesa por una de tres meses a razón de 4 euros al día.
Finalmente la Policía no fue ayer pero la cuenta atrás ha empezado. En verano, la jueza decidió suspender cautelarmente el desalojo que pidió Emvisesa y según fuentes municipales, «se le dio un tiempo para que resolviera su situación». Pero ante su permanencia en el piso, una de las VPO municipales que permanecen vacías en Torreblanca (el Ayuntamiento habla de 300 destinadas a venta y la oposición de hasta 500 que pide cambiar a régimen de alquiler), Emvisesa reactivó la causa en septiembre y volvió a solicitar su desalojo, que es el que ahora se cierne sobra la cabeza de María y sus tres hijos de 8, 12 y 14 años.
Los abogados Duarte y Aruas recurrirán el auto de apertura de juicio oral y apelarán a que «no hay dolo» y a las circunstancias de extrema necesidad «e incluso de seguridad» de la familia, haciendo hincapié en la obligación de protección de los menores. Según su defensa, María es víctima de violencia de género y ocupó la vivienda «huyendo de la familia de su pareja». Percibe una pensión no contributiva de 365 euros al mes y tanto ella como uno de sus hijos tienen una discapacidad, circunstancias que constan en su solicitud de vivienda social.
