Oficina de prevención del fraude y la corrupción, Unidad contra la corrupción, Oficina de control presupuestario... no son nuevos cuerpos policiales o judiciales sino los nombres, más o menos rimbombantes, de organismos que prometen los partidos en sus programas electorales cuando se trata de venderse como el más implacable contra la principal causa del desapego ciudadano a los políticos, la segunda preocupación social tras el paro y la principal arma arrojadiza de las fuerzas emergentes contra el bipartidismo. Con las macrocausas que investigan los presuntos fraudes en ayudas públicas para ERE y cursos de formación durante los gobiernos socialistas en la última década como telón de fondo y presentes en la campaña todos los grupos proponen medidas para reforzar el control del uso y reparto del dinero público. Las recetas para ello vienen a ser similares, ya sea vía normativas, con nuevos órganos de fiscalización o con reformas que doten de mayor independencia y capacidad sancionadora a los ya existentes como la Cámara de Cuentas, la Intervención General o el propio Parlamento con mayor facilidad para crear comisiones de investigación después de que esta legislatura se creara la primera impulsada por IU, sobre los ERE, tras 17 años sin ellas, y cerrada en falso sin un dictamen unánime. Tanto el PSOE como el PP, IU y Podemos llevan en sus programas reformar la Cámara de Cuentas, con más obligación para la administración de facilitarle datos y cumplir sus dictámenes, e incluso PP e IU proponen que tenga acceso a los sistemas de información de la Junta y sus entes e incluso IU le daría capacidad sancionadora en caso de no colaboración, además de limitar los mandatos de sus miembros y evitar el trasvase de diputados a este órgano y viceversa. Precisamente, en el último pleno antes de la disolución del Parlamento, el mismo día que se anunció el adelanto electoral, el orden del día incluyó el acuerdo de PSOE y PP para renovar a sus miembros y asegurarse de que sea cómo sea el nuevo Parlamento, no entrarán nuevos miembros hasta 2017. Un pleno en el que también fueron integrados en la Diputación Permanente órgano que vela por las funciones de la Cámara cuando está disuelta los cuatro exconsejeros preimputados en el caso ERE que mantienen así su aforamiento ante el TSJA hasta las elecciones, ya que no van en las listas. UPyD, por cierto, propone suprimir los aforamientos. La Cámara de Cuentas, cuyos mandatos IU propone limitar, no es el único órgano al que se encomiendan para fiscalizar las cuentas sino que todos proponen normas y planes para evaluar programas, subvenciones y ayudas a priori y a posteriori . Pero además de la transparencia en las instituciones administrativas, los partidos saben que la imagen de los políticos personalmente está también muy tocada. Por ello tanto el PP como el PSOE han calcado en sus programas la misma propuesta:una Ley del Buen Gobierno con regímenes sancionadores por irregularidades e incluso negligencia en el uso de fondos públicos concretadas en el caso del PP en el reintegro de lo defraudado que destinaría un plan de emergencia social para familias con dificultades, el cese sin indemnización y la inhabilitación de 5 a 10 años. El control de gastos en viajes, dietas, coches o asesores también aparece en el Código del Buen Gobierno propuesto por el PP, mientras Podemos e IU se centran en la reducción de altos cargos de la Junta y entes públicos y limitación de sueldos, y apuestan por aumentar la presencia de funcionarios en la alta dirección de la administración o introducir criterios objetivos de idoneidad para éstos. Podemos quiere crear una oficina virtual que permita a los funcionarios denunciar de forma anónima irregularidades y crear una unidad contra la corrupción en la que «funcionarios/letrados, sin jefaturas políticas» investiguen incluso acusaciones populares. PP quiere crear un cuerpo de interventores propios de la Junta (los actuales son funcionarios dependientes del Estado). Puertas giratorias Todos dedican alguna propuesta a limitar las llamadas «puertas giratorias» que permiten a los políticos recolocarse luego en entes o empresas con intereses en ámbitos de los que han sido responsables. Podemos va más lejos al abogar por una Ley de lobbies para regular los grupos de presión que obligue a los altos cargos incluso a publicar su agenda de reuniones y, al igual que IU y PP, quiere facilitar las comisiones de investigación en el Parlamento, prohibiendo su veto. PP y PSOE insisten en la publicación de las rentas de los cargos públicos antes, durante y después de tomar posesión. Y Podemos incluye la posibilidad de celebrar referendos revocatorios que permitan quitan a un cargo electo a mitad del mandato. Ciudadanos se jacta de impedir que haya imputados en sus listas, dejando al partido investigar a sus candidatos ya que propone que las formaciones sean responsables subsidiarios de las posibles irregularidades que cometan sus representantes. La mayor transparencia en los concursos públicos y procesos de adjudicación es otro de los apartados en los que los partidos compiten por la trasparencia. Podemos e IU, de hecho, apuestan por reducir al máxima las encomiendas de gestión y subcontratación externa de servicios, con auditorías de todos esos contratos, incluidos los relacionados con compras de materiales, y limitando las adjudicaciones por procedimiento negociado sin publicidad. El PP se compromete a que todo el gasto sea sometido al control de funcionarios y crear una Oficina de Control Presupuestario independiente mientras el PSOE habla de unidades de seguridad económica en cada consejería, también a cargo de funcionarios, y comités de análisis del régimen presupuestario. Y hay un término de moda que se repite en varios programas:Open Data que, en román paladino viene a ser colgar en la red de redes cuanta más información mejor, desde la relación del patrimonio público y los alquileres, hasta el número de altos cargos y asesores, los sueldos o la gestión de las bolsas de empleo público. Una e-democracia que pasa también por aprovechar las nuevas tecnologías para garantizarle al ciudadano un contacto fluido con la administración a la hora de hacer consultas o seguir la marcha de sus trámites burocráticos. Respecto al sistema electoral y el funcionamiento del Parlamento, el PSOE hace una mera alusión a seguir analizando la posible reforma de la ley electoral (una eterna reclamación de IU que en tres años de pacto solo ha logrado que se traduzca en crear un grupo de trabajo). Las reformas en la Cámara se centran en facilitar las comisiones de investigación. Podemos propone impedir el veto y el PP sancionar a los consejeros que respondan a preguntas parlamentarias en tiempo y forma y ampliar las comparecencias de los presidentes.
