El catedrático de Derecho Administrativo de la Universidad Pablo de Olavide Eduardo Gamero (Sevilla, 1968) ha puesto en marcha Clever-Up (CleverUpministration), una empresa creada en el seno de la Olavide para el diseño y la aplicación de metodologías de simplificación administrativa que permite un ahorro de costes a las administraciones a la hora de gestionar el papeleo. El objetivo es acabar con toda la burocracia superflua que genera problemas de competitividad. Entre los ejemplos para hacer patente la necesidad de cambio está que la diferencia de presentar un documento en papel o en soporte digital es de 75 euros, lo que demuestra la necesidad de aplicar nuevas tecnologías para reducir el consumo de tiempo y costes.
¿Cómo se gesta Clever-Up? Vengo desarrollando líneas de investigación sobre administración electrónica y simplificación administrativa desde hace diez años. Acabamos de terminar un proyecto de investigación que ha contado con el respaldo del Plan Nacional de I+D+I. A raíz de esta investigación he estudiado las técnicas y metodologías que se han implantado en diferentes sistemas jurídicos tales como EE.UU. El Reino Unido que es completamente vanguardista, la OCDE, la Comisión Europea y algunas comunidades autónomas como Castilla León y la Comunidad Valenciana. Nunca antes se había planteado una investigación de este tipo con el objetivo de observar todas las técnicas que existen. Hemos elaborado así una especie de catálogo de herramientas con gran potencial. Con respecto a esta cuestión hemos realizado publicaciones y una monografía sobre la simplificación de los procesos administrativos.
Es fundamental que este tipo de investigaciones no se quede de puertas de la Universidad para dentro... No pueden quedarse únicamente en las bibliotecas. Hay una fórmula que lo permite, que es la creación de una spin-off, que no son más que empresas de base tecnológica (EBT) concebidas para la transferencia del conocimiento científico a la sociedad, potenciando su aplicación práctica. Nos embarcamos en esa idea y en julio de 2013 se constituyó Clever-Up, con la finalidad de llegar a todas las administraciones que están interesadas en implantar este tipo de sistemas.
¿Se ha puesto ya en contacto con alguna de ellas? Hemos empezado a mantener contactos con Presidencia de la Junta de Andalucía, ya que Susana Díaz reconoció en su discurso de investidura que teníamos un exceso de burocracia y que había que hacer un esfuerzo por simplificar los trámites y el papeleo. Además, hemos hablado con la Federación Andaluza de Municipios y Provincias (FAMP), con varias entidades locales, algunas procedentes de las Islas Canarias.
¿Su propuesta está destinada solo al sector público o también al privado? Del sector privado estamos contactando con empresas que prestan servicio a alguna administración pública, para hacerle una oferta conjunta en este sentido. Además, hemos formalizado una alianza con el bufete de abogados Montero Aramburu, que nos facilita toda su cartera de contactos, también de Canarias, lo que nos permite abrir el abanico de opciones y tener un soporte humano para realizar nuestra labor. Hay algunos apartados, como la administración de Justicia, que necesitan medidas de este tipo y de manera urgente para terminar con el papeleo. El año pasado se publicó una monografía que coordiné sobre el uso de las Tecnologías de la Información y la Comunicación (TIC) en la administración de justicia, donde el nivel de complejidad se eleva de manera exponencial. Hay una fragmentación espantosa de competencias entre el CGPJ, el Ministerio de Justicia y las comunidades autónomas que ha dado lugar a aplicaciones informáticas distintas como Adriano en Andalucía. A su vez el Ministerio ha implantado otras soluciones. Poner eso en valor es doblemente complicado y eso que existe una ley desde 2011 para agilizar este asunto pero se ha avanzado muy poco.
¿Qué ahorro de costes supone implantar una tecnología como la suya? La diferencia de presentar un documento en papel o en soporte digital es de 75 euros. Se trata de una cifra que está estandarizada, no me la estoy inventando. Si, por ejemplo, se presentan 100.000 recibos, pues con multiplicar por 75 tenemos la diferencia de costes. En lo que se refiere al sector productivo, el peso del papeleo en el PIB supone el 3,6% en la OCDE y el 4,6% en España. Se dedican 40.000 millones de euros al año solo al papeleo. Clever-Up ayuda a rebajar de manera contundente esa cifra y, por lo tanto, a mejorar la competitividad.
¿Qué horizonte se plantea con Clever-Up? La alianza con el bufete Montero Aramburu ha sido un éxito porque significa estar con una firma de reconocido prestigio en esta andadura. Mi idea es ver resultados a esta iniciativa en un año. Hasta ahora lo único que hacemos es seguir gastando dinero y sufrir en primera persona aquello contra lo que queremos luchar, las trabas burocráticas a las que tenemos que hacer frente día a día. Estamos en un momento óptimo para este tipo de iniciativas y las administraciones públicas han de ser conscientes de que la inversión es ínfima en comparación con los resultados que se obtienen. Todos nos dicen que es una gran idea pero que ahora mismo no hay dinero para hacer un informe externo que no es costoso y que supondrían un ahorro de costes que generaría beneficios a corto o medio plazo.
