La tensión entre España y Argentina crece a cada hora que pasa. El tono del Gobierno de Mariano Rajoy se endureció ayer contra el país argentino mientras recurría a todos los mecanismos a su alcance para poner freno a la amenaza de nacionalización de la petrolera argentina YPF, participada mayoritariamente por Repsol. El Ejecutivo pidió así ayuda a sus socios y aliados europeos ante esta situación que ha convertido un asunto empresarial en crisis diplomática, si bien aún confía en que el problema se resuelva “a través del diálogo”.
Poco tardó Bruselas en intervenir en el asunto. La Comisión Europea contactó ayer con las autoridades argentinas para expresarles su “preocupación” por los planes del Gobierno de Cristina Fernández de Kirchner –quien evitó hablar del tema en una comparecencia pública–, y les advirtió de que el país debe cumplir con sus “compromisos internacionales sobre la protección de inversores extranjeros en su territorio”. “Esperamos que el Gobierno argentino proteja las inversiones en su suelo. Y, por supuesto, estamos del lado de España en este asunto”, dijo el portavoz de la CE, Olivier Bailly.
Entre otros, el Gobierno mantuvo contactos con los ejecutivos de EEUU, México, que ejerce la presidencia del G-20, y Colombia, anfitrión de la Cumbre de las Américas que arrancó ayer y donde algunos de los países participantes con inversiones en Argentina sacarán el debate sobre seguridad jurídica.
Así se expresó el ministro de Asuntos Exteriores y de cooperación, José Manuel García-Margallo, en declaraciones a los medios tras recibir en el Palacio de Santa Cruz al embajador de Argentina en España, Carlos Bettini, a quien trasladó la “preocupación” del Gobierno por los acontecimientos en torno a YPF. Eso sí, dejó claro al diplomático que “cualquier agresión violando el principio de seguridad jurídica a Repsol será considerado como una agresión al Gobierno español, que tomará las acciones que considere oportunas y pedirá el apoyo que considere necesario a sus socios y aliados”.
García-Margallo evitó detallar de qué manera reaccionaría España en caso de que esta crisis no se resuelva, porque esa hora todavía no ha llegado y es tiempo de hacer una “llamada al sentido común y al buen acuerdo”, afirmó. No obstante, opinó que a Argentina “no le haría ningún favor tener un pleito de una cuantía no imaginada y volver a una Corte de arbitraje en Washington en la que ya ha estado presente demasiadas veces”. En este marco, corrigió las declaraciones del secretario de Estado para la UE, Íñigo Méndez de Vigo, quien indicó que Argentina podría convertirse en un “apestado internacional”. El ministro recordó que en 2001 el Gobierno de Aznar salió al rescate de Argentina concediéndole un crédito de 1.000 millones de dólares, y advirtió de que una ruptura entre los dos países por el caso YPF no se quedaría solo en el ámbito económico, sino que equivaldría a poner fin a una relación “fraternal de mucho tiempo”.
En el mismo tono se expresó la vicepresidenta, Soraya Sáenz de Santamaría, quien dijo que el Ejecutivo defenderá “con todos los instrumentos a su alcance” los “intereses generales” de España en Argentina. “No nos consta que haya tomado una decisión”, señaló en alusión al Gobierno argentino. “Si llega a adoptarse es muy negativa para los intereses españoles y es obligación del Gobierno defender con los instrumentos a su alcance los intereses generales de España”, afirmó, aunque no adelantó qué medidas podría tomar el Ejecutivo. “Las medidas no se anuncian, se adoptan. Y espero que este Gobierno no tenga que adoptarlas, pero si tiene que hacerlo, lo hará”.
Por su parte, Repsol aseguró ayer que no había recibido ninguna notificación por parte del Gobierno argentino.
