España está intervenida de facto. No se trata de un rescate al modo griego, irlandés o portugués pero la ristra de hasta 32 condiciones financieras y fiscales -algunas con tinte macroeconómico- impuestas por los socios de la Unión Europea y la Eurozona para darle al país un año más de plazo para encarrilar el déficit y liberar los dineros del rescate a los bancos implican que el Gobierno deberá seguir a pie juntillas su hoja de ruta y someterse a una estrecha vigilancia para evitar el desvío sobre ese plan marcado. Eso sí, una vez más, el Ejecutivo popular de Mariano Rajoy lo niega todo.
La intervención, que cabría calificar de suave para diferenciarla del rescate puro y duro, queda constatada en tres compromisos adquiridos por España para conseguir el respaldo para su banca y el año adicional para el déficit. Primero, que adopte los consejos lanzados en reiteradas ocasiones por Europa en lo que atañe a impuestos (subida del IVA, quitar la desgravación fiscal por vivienda, etc.) y reformas estructurales de la economía -se habla, así, de una aplicación efectiva de la reforma laboral, incluso entre el personal de la administración pública-. Segundo, los requisitos para las entidades rescatadas se fijan desde Bruselas, y entre ellos destacan no sólo nuevas exigencias de capital, sino también otra reforma de las cajas de ahorros para evitar que éstas controlen bancos filiales, lo que implica que perderán las posiciones mayoritarias erradicando los resquicios políticos que aún quedaban en la gestión. Y, por último, y aquí viene el auténtico varapalo al Ejecutivo del PP, con la finalidad de garantizar la total independencia del Banco de España -lo que presupone, pues, que no es independiente-, se restarán competencias ahora en manos del Ministerio de Economía para pasarlas al órgano supervisor, quedando éste bajo la única tutela del Banco Central Europeo (BCE).
Pero vayamos por partes. Por lo pronto, el Ecofín y el Eurogrupo (ministros de Economía de la UE y la Eurozona, respectivamente) instan a Rajoy a emprender "sin demora" ajustes adicionales este mismo año para así compensar las desviaciones presupuestarias. En concreto, los nuevos objetivos de déficit son el 6,3% para 2012 (en lugar del 5,3% previsto), un 4,5% en 2013 (antes el 3%) y el 2,8% en 2014.
Este margen temporal adicional implica por un lado una aplicación "estricta" de los planes de reequilibrio de las comunidades autónomas y un plan plurianual 2013-2014 del Presupuesto del Estado que contenga en detalle qué hará el Gobierno central para encauzar el déficit, y esto deberá especificarse este mes, y por el otro una vigilancia que Bruselas ejercerá cada tres meses para calibrar el cumplimiento de las exigencias en todas las administraciones públicas.
No en vano, las palabras del vicepresidente económico de la Comisión Europea, Olli Rehn, no dejaban margen a la duda. Será estrecha la vigilancia a España para que cumpla los ajustes necesarios en lo que al déficit se refiere y en paralelo, según añadió, a las condiciones acordadas para el rescate bancario por un importe máximo de 100.000 millones de euros, que liberarán los socios.
Y ahora entramos en tal auxilio bancario. El Memorándum de Entendimiento asociado a ese rescate, que se firmará el 20 de julio, contiene un primer tramo de ayudas por valor de 30.000 millones que llegarán a Madrid en las próximas tres semanas -antes de que finalice julio- inyectados al FROB (fondo de rescate bancario español, que actúa de intermediario). Plazo de devolución, 15 años. Interés, 4%. En 18 meses se recibirá todo el dinero. El primer tramo servirá para cubrir las necesidades urgentes, y aquí entran los casos de Bankia y los restantes grupos ya nacionalizados -Catalunyacaixa, Novacaixagalicia y Banco de Valencia-. Si no son rentables, decisión salomónica: una liquidación pura y dura.
Las entidades que necesiten la ayuda deberán traspasar activos tóxicos (inmobiliarios) a una sociedad de gestión, es decir, a un banco malo, además de ejecutar planes de reestructuración (cerrar oficinas y despedir trabajadores), además de limitar el salario de los directivos, no abonar dividendos, vender parte o toda su cartera de participaciones empresariales y, por último, exigir a los tenedores de títulos de deuda (preferentes) una quita (rebaja), siendo éste un mazazo para los inversores.
Pero el resto de bancos, incluso sin tener problemas, deberá cumplir también exigencias. La principal, reforzar su nivel de capital básico hasta el 9% (capital más puro o libre de ataduras). Este porcentaje lo cumple, eso sí, la mayoría de las entidades buenas, dijo Luis de Guindos.
Pero el memorándum mete también la cuchara en las instituciones. Así, el Ministerio de De Guindos deberá transferir al Banco de España poder sancionador y capacidad para dar licencias bancarias. Lo tendrá que hacer antes de que finalice 2012. El objetivo, garantizar la independencia del supervisor, cuya autoridad quedó en entredicho al gestionar la crisis de las cajas de ahorros.
El documento, de dieciséis páginas, y los consejos para encarrilar el déficit dejan, pues, una España intervenida.
Las claves
Suma de exigencias. Las condiciones impuestas para conceder un año más a España para encarrilar el dédicit sumadas a las contempladas en el pacto de rescate bancario implican una vigilancia reforzada de la economía española y meter la cuchara no sólo en sus bancos, sino también en sus instituciones.
El acuerdo de rescate bancario. El Memorándum de Entendimiento recoge 32 condiciones para que los socios comunitarios arbitren los hasta 100.000 millones de euros que necesita la banca española. El documento, sin embargo, contiene también requisitos de ajuste fiscal y reformas económicas.
Cuatro categorías. El documento distingue cuatro tipos de entidades: las nacionalizadas que requieren ayuda, las que necesitan capital y no lo captan en el mercado, las que necesitan reforzarlo con inversores y las que no requieren ayudas. Las inviables deberán ser liquidadas si no ponen en peligro el sistema.
Mínimo para todas. Todas las entidades financieras españolas deberán tener un capital básico del 9% al menos hasta 2014. Para las que necesiten ayudas, además, se deberán concebir planes de cierre de oficinas y despidos de plantilla. Los inversores de preferentes deberán aceptar una quita.
Recomendaciones que son exigencias. El Ecofín otorga un año más a España para reducir el déficit, pero a cambio sus consabidas recomendaciones (subida inmediata del IVA, quitar la desgravación por vivienda en el IRPF, etcétera) se convierten en obligatorias, y así las asume el propio Gobierno.
Bajo tutela del BCE. A tenor del texto, las autoridades europeas consideran que el supervisor español es parcial, de ahí que inste a su independencia. Siempre bajo tutela del BCE, el Banco de España tendrá reforzados sus poderes con competencias que se restan del Ministerio de Economía.
