El CGPJ ha expedientado a una magistrada de la Audiencia de Sevilla por no prorrogar la prisión preventiva de un narcotraficante que, tras quedar libre, ha acabado fugándose. El condenado se pasó dos años en la cárcel, pero nadie solicitó que se prolongase ese plazo mientras se estudiaba su recurso a la condena.
Ni el fiscal ni la magistrada de la Sección Séptima de la Audiencia Provincial de Sevilla pidieron la prórroga para la condena de Pedro Ramos Gómez, un hombre condenado a 10 años por un delito de tráfico de drogas que se halla en paradero desconocido después de quedar libre porque nadie solicitó su permanencia en prisión. El condenado había presentado un recurso de casación contra el fallo así que, mientras se resolvía, había que prorrogar su estancia en la cárcel, ya que se cumplían los dos años de plazo máximo sin sentencia firme que recoge la ley; el hombre había ingresado en octubre de 2006, el juicio que lo condenó tuvo lugar el 25 de octubre de 2007 y en febrero de 2008, al cumplirse esos dos años de reclusión, salió en libertad. Nadie pidió lo contrario mientras se resolvía su recurso. Sólo se le impuso la obligación de comparecer dos veces al mes en sede judicial. El fugado cumplió con esa obligación durante unos meses, hasta que desapareció. Fue entonces cuando la Sección Séptima de la Audiencia sevillana dictó una orden de busca y captura contra el narco. En ese intervalo, el Tribunal Supremo confirmó la sentencia condenatoria de 10 años.
Será el Consejo General del Poder Judicial el que decida si hay que sancionar a la magistrada; por el momento se le ha abierto un expediente por falta muy grave de desatención, lo que puede acarrearle una suspensión de sus funciones, el traslado forzoso e incluso la expulsión de la carrera judicial.
Fuentes del CGPJ confirmaron que están a la espera de que el instructor -el presidente de la Audiencia de Huelva, Jesús Sánchez Entralgo- entregue su informe a la comisión disciplinaria para que ésta decida la sanción. No se conoce si la magistrada contaba con expedientes anteriores.
Por su parte, el presidente del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA), Augusto Méndez de Lugo, afirmó ayer que el juez es "responsable de lo que es responsable y tendrá que responder de esa responsabilidad". "Si la Constitución dice que la responsabilidad de los jueces es juzgar, dictar sentencias y hacer ejecutar lo juzgado, lo que ha hecho el CGPJ es abrir el expediente y no hay que darle más vueltas. Alguien tendrá que responder".
La Sección Séptima de la Audiencia es la misma que tardó casi tres años en confirmar la condena contra Santiago del Valle, el presunto asesino de Mari Luz.
