El exconsejero Antonio Fernández está defendiendo ante la jueza Mercedes Alaya el convenio marco que él mismo firmó en 2001, siendo viceconsejero de Empleo y presidente del IFA, en el que se basaron las ayudas ahora investigadas. "Lo veía legal y lo sigo viendo legal", ha dicho ante la magistrada, que sitúa a Fernández como uno de los autores de este "sistema operativo". No obstante, él mismo ha reconocido que había y hay "un vacío reglamentario" para desarrollar este convenio marco.
Fernández ha llegado a asegurar que si hubiera conocido que por parte del Intervención General de la Junta existían reparos con respecto a este convenio, "lo hubiera seguido defendiendo" porque estaba convencido de su legalidad. De hecho, ha asegurado que el Consejo de Gobierno tenía conocimiento de su existencia porque tuvo que aprobar una modificación presupuestaria para dotar de presupuesto la partida de la que se nutría, el llamado fondo de reptiles.
Asimismo, ha recalcado que el convenio no se ideó para eludir controles, sino para buscar un "sistema más operativo para ayudar a empresas en crisis y a territorios andaluces". Eso sí, ha reconocido que para su elaboración no se contó con el asesoramiento del gabinete jurídico de la Junta.
Ya por la tarde, el exresponsable de Empleo también ha reconocido que existía y existió tras su mandato un "vació normativo" en el desarrollo del convenio marco. En este sentido, la jueza le ha preguntado si existía algún tipo de requisitos para las subvenciones públicas, a lo que ha contestado que para las ayudas a empresas eran "la solicitud, nombre y apellidos y zona", mientras que para las ayudas socio-laborales (los ERE) eran "nombre y apellidos, territorio para conocer si era una zona afectada por el paro y tener 55 años". Alaya le interrumpió entonces para preguntarle cómo entonces la mayoría de los acogidos a los ERE tenían 52 años, a lo que le ha contestado que "eso lo desconocía".
Sobre la falta de publicidad de las ayudas, Fernández ha admitido que las ayudas eran "discrecionales, pero no "arbitrarias". No obstante, ha asegurado que tanto los empresarios como los sindicatos las conocían por "los acuerdos de concertación social y por la Ley de Presupuesto", lo que ha generado la pregunta de la magistrada de "si cree que los empresarios se leen la Ley de Presupuesto". "No eran conocidas por todo el mundo, pero sí por los sindicatos", ha dicho, defendiendo que las ayudas socio-laborales iban destinada a trabajadores y que por eso era suficiente con que las conocieran las organizaciones sindicales.Fernández continúa contestando al extenso interrogatorio de la jueza, compuesto de 200 preguntas, y se prevé que se prorrogue durante todo el fin de semana.
