El ex secretario general de UGT-A Francisco Fernández Sevilla se ha acogido hoy a su derecho a no declarar ante el juez que investiga las supuestas facturas falsas del sindicato. El exresponsable sindical, imputado por falsedad y fraude en subvenciones, ha reivindicado su inocencia. La Fiscalía no ha solicitado ninguna medida cautelar.
Fernández estaba citado a las 9.15 horas y poco después abandonaba los juzgados tras haber comunicado al titular del Juzgado de Instrucción número 9, Juan Jesús García Vélez, que se acogía a su derecho constitucional a no declarar. Su abogado, Manuel Pérez Cuajares, ha explicado a los periodistas que han decidido no contestar a las preguntas por una cuestión "de garantía de defensa", pues saben "que existe una documentación que aún no ha llegado al juzgado y que es muy importante para la investigación de los hechos".
En este sentido, el letrado ha señalado que se trata "de unos documentos recogidos en el registro al sindicato" y que está en poder de la Guardia Civil. Según ha dicho, los agentes estarían trabajando en un atestado con estos documentos, que podría estar en unos dos meses.
Por este motivo, ha explicado que "por ahora" se acoge a su derecho a no declarar, "sin perjuicio" de que lo haga una vez avanzada la instrucción del caso. Asimismo, ha proclamado "su inocencia" con respecto a los hechos que se le imputan.
Para hoy también estaba citado su antecesor en el cargo, Manuel Pastrana, aunque su comparecencia se suspendió el viernes por motivos de enfermedad.
Ambos están acusados por el juez de los delitos de falsificación y fraude de subvenciones entre el 2009 y el 2013, y la Fiscalía Anticorrupción considera que son responsables de la financiación ilegal de UGT-A por medio de "la defraudación generalizada en las subvenciones recibidas relativas a fondos de formación".
Para la comparecencia de Fernández Sevilla, que ha durado unos quince minutos, se ha usado una sala especial de vistas para acoger a los abogados de los 17 acusados y a los que ejercen las acusaciones en representación del PP, UPyD y Manos Limpias.
El juez destacó en sus citaciones judiciales que el vicesecretario de Administración y Recursos Humanos de UGT-A, Federico Fresneda, fue "contundente" en su testimonio cuando ratificó la implicación de Pastrana y Fernández Sevilla en la creación de una central de compras de este sindicato que considera el "mecanismo esencial" en el fraude que investiga.
El juez explica que esta central de compras se concretaba en la técnica de rápel, que permitía a UGT lucrarse con los descuentos que los proveedores le realizaban en las facturas y que no se declaraban a la Administración que les concedía la subvención.
La central de compras también se nutría con el denominado "bote", informatizado y controlado mediante el programa informático Sypro, a través del cual el sindicato se financiaba con cargo a un saldo acreedor, generado mediante el pago a proveedores de facturas simuladas que no correspondían a servicio prestado alguno pero que se imputaban a programas subvencionados, señala el juez.
Pastrana, secretario general desde 1998 a 2013, y su sucesor, que en ese periodo era secretario de Organización, participaron en la denominada "central de compras" del sindicato, según señala Anticorrupción antes de indicar que la actividad ordinaria de UGT-A se sufragaba con fondos de las subvenciones destinadas a formación.
Para sus conclusiones, la Fiscalía tiene en cuenta las declaraciones Fresneda, que señaló a Pastrana y Fernández como los que decidían en la ejecutiva las empresas que pagaban el "rápel", compañías con las que mantenían una "intensa relación".
Además, cuando desde el departamento de compras se quería incorporar nuevos proveedores, Fresneda sistemáticamente obstaculizaba esta posibilidad a pesar de contar los nuevos proveedores con condiciones más ventajosas para el sindicato, según la Fiscalía.
