Ayer se inició un Consejo Europeo que tiene en agenda, entre otros asuntos más mediáticos, legislar medidas que permitan cumplir con compromisos medioambientales (reducir un 20% las emisiones de gases de efecto invernadero y elevar hasta el 20% el consumo de energías renovables) adoptados hace ya casi dos años.
La cosa se antoja difícil, esencialmente porque los mismos países de aquella UE tan satisfecha de sí misma a la hora de firmar aquellos grandes y mediáticos objetivos cuando no comprometían a nada, ahora dicen rechazar iniciativas específicas que puedan perjudicar a su industria. El caso de Alemania es perfectamente gráfico: bajo su presidencia rotatoria se lanzó este mismo plan a cuya concreción se le empiezan a poner obstáculos, esencialmente con el pretexto de la crisis económica. Los gobiernos españoles tampoco se han caracterizado por ser un ejemplo en políticas sustantivas contra los daños al medio causados por la industria. El mismo devenir de la tributación medioambiental en nuestro país es una buena muestra de la indiferencia que preside todo el tema ambiental cuanto toca tomarlo en serio.
Esta cuestión me viene a mano porque se retrata concisamente en una comunicación presentada en las XV Jornadas de Estudios Andaluces que celebramos, entre ayer y hoy, en la Escuela de Empresariales: Tributación medioambiental: la experiencia andaluza, de Carmina Ordóñez y Carlos Rivas.
Allí se cuenta cómo en España son casi en exclusiva las Comunidades Autónomas quienes disponen de algún tributo calificable de medioambiental (sea por incidir sobre vertidos, depósito de residuos, contaminación atmosférica, etc.), y cómo frecuentemente sólo han podido sacarlos adelante en medio de una fuerte tensión institucional. El mismo impuesto andaluz sobre residuos radioactivos fue recurrido ante el Tribunal Constitucional en marzo de 2004 y, a causa de ello, suspendido cautelarmente, hasta que fue finalmente levantada (en julio de 2004) en contestación a las alegaciones del Gobierno Andaluz.
El temor a los impuestos ambientales debe ser contextualizado. En una valoración global, no hay que ocultar que implican riesgos: pueden afectar negativamente a la competitividad y empleo en ciertos sectores, con el consiguiente estímulo a la deslocalización de actividades productivas. Pero estos inconvenientes son muy tenidos en cuenta por aquellos que se preocupan de establecer su diseño óptimo. En la parte de las ventajas, la apuesta por el medioambiente es, además, con independencia de otros argumentos, rentable a largo plazo en términos de competitividad y empleo sostenibles.
Por la parte fiscal, la idea de Reforma Fiscal Verde, es decir, no la mera introducción de impuestos ecológicos en el cuadro impositivo de un país, sino el hecho de que éstos vengan a financiar reducciones en otros tributos que distorsionan la economía en una mayor medida, se plantea como objetivo preservar, a un mismo tiempo, la calidad ambiental y la eficiencia del sistema fiscal, manteniendo el presupuesto público inalterado. Es lo que postula la teoría del doble dividendo de los impuestos medioambientales: su utilización permitiría idealmente mejorar a la vez la economía y el medio.
En todo esto creían las autoridades europeas hace poco.
Catedrático de Hacienda Pública
jsanchezm@uma.es
