De 2009 a 2013 la superficie de maíz transgénico (el único cultivo modificado genéticamente que cabe sembrar en España) casi se sextuplicó en Andalucía y se duplicó en el conjunto del Estado. Parecía que estaba llamado a copar en la comunidad todos los terrenos dedicados a este cereal. Pero el año pasado el fuerte retroceso experimentado sostiene la idea de que las tierras han tocado techo.
Unos agricultores muestran semillas de maíces transgénicos comercializados en España. / DAVID AGUILAR (EFE)
Eso sí, hay que tener también en cuenta que en 2014 el maíz en general el convencional más el transgénico se apuntó una caída en la región andaluza, donde pasó de 43.499 a 32.171 hectáreas en una campaña a favor de otras producciones agrícolas de regadío, según las estadísticas de la Consejería de Agricultura. De tal volumen para el pasado ejercicio, la semilla biotecnológica representó apenas una cuarta parte, con 10.692,12 hectáreas, a tenor de los datos oficiales del Ministerio del ramo.
En 2013, y después de un crecimiento continuo, las fincas sumaron 14.078,53 hectáreas en Andalucía, frente a 2.084,30 de 2009. Sevilla, con casi la mitad (en concreto, 5.196,53 hectáreas), lideró las siembras en la comunidad, seguida de Cádiz (2.322,94) y Córdoba (2.074,71), y en menor medida en Granada (553,82), Málaga (447,65), Jaén (94,12) y Almería (apenas 2,35 hectáreas).
Siendo Andalucía la región española más agraria, lo cierto y verdad es que en el cultivo de maíz transgénico sólo supone un 8,12 por ciento del conjunto de la superficie nacional, estimada en 131.537,67 hectáreas. Y la palabra estimada es aquí relevante, puesto que las estadísticas nacionales no han estado exentas de polémica: algunas de las organizaciones ecologistas no se las creen.
Sobre las hectáreas totales destinadas a los maíces, con 449.497, el transgénico copó en el campo español el 30,5 por ciento el año pasado, según se extrae al cotejar diversas estadísticas del Ministerio de Agricultura. Aragón (54.040,5), Cataluña (36.381,22) y Extremadura (13.814,76) fueron las principales regiones para este cultivo.
España fue el primer país de la Unión Europea en el que se inició la siembra de maíz Bt, que contiene una proteína que protege a las plantas contra la plaga del taladro. Corría el año 1998. De hecho, actualmente es el granero comunitario para este tipo de cultivo, que genera por igual filias y fobias. El área geográfica que revela la mayor extensión es la cuenca del Ebro, al ser también la más perjudicada por el taladro, un insecto que prolifera especialmente en zonas húmedas. Y he aquí una de las principales razones por las que Andalucía ha estado un tanto al margen en la expansión de una tecnología que, asimismo, tampoco fue nunca del agrado del Gobierno autonómico y que también tiene al agro dividido: la patronal Asaja, a favor, frente al no rotundo de COAG.
En España existen más de 200 variedades registradas y, por tanto, con permiso para su comercialización que incorporan la característica biotecnológica MON 810 como defensa frente a la plaga del taladro, pertenecientes a ocho compañías nacionales y multinacionales. El objetivo: una mayor productividad para las cosechas.
Ayer, el denominado Servicio Internacional para la Adquisición de Aplicaciones Agrobiotecnológicas (ISAAA, por sus siglas en inglés) publicó su informe anual sobre los cultivos modificados genéticamente, que siguen experimentando un crecimiento mundial, aunque muy restringido en el caso de la Unión Europea.
Teniendo en cuenta todos los cultivos y no sólo el maíz, las siembras se incrementaron el año pasado un 3,6 por ciento con respecto a 2013, hasta 181,50 millones de hectáreas. En total, 18 millones de agricultores optaron por variedades modificadas genéticamente, según el informe.
Estados Unidos continúa liderando la superficie (73,1 millones de hectáreas) y también la subida mundial, seguido del área iberoamericana, con Brasil y Argentina a la cabeza.
A FAVOR «Los cultivos modificados genéticamente continúan su expansión internacional mientras Europa sigue estancada. La brecha tecnológica entre los agricultores europeos y los de países terceros competidores sigue incrementándose», dice Antonio Villarroel, secretario general de la Asociación Nacional de Obtentores Vegetales (agrupa a compañías e institutos que investigan en nuevas variedades vegetales). «No entendemos que en la UE se haya aprobado que cada país sea libre de prohibir su uso con criterios no científicos. Se otorga carta de naturaleza a las decisiones políticas frente a la ciencia, y en ningún caso garantiza que dejen a los agricultores europeos acceder a las tecnologías que hasta ahora se les han vetado».
EN CONTRA Las organizaciones andaluzas de consumidores Facua y UCA-UCE, la organización agraria COAG y la asociación Ecologistas en Acción conforman una activa plataforma contra los transgénicos en la comunidad andaluza, que reclama a la Administración autonómica un inequívoco rechazo a esta modalidad de producción por su impacto sobre los cultivos convencionales, la agricultura ecológica, la fauna y las zonas protegidas (parques naturales). Frente a las reticencias iniciales, la organización agraria UPA cambió de estrategia e inició una defensa de la biotecnología para facilitar una agricultura más competitiva. En el ámbito de la política, Izquierda Unida ha manifestado siempre un rechazo a los transgénicos, y en el ámbito obrero también el Sindicato Andaluz de Trabajadores (SAT).
