La patronal de la construcción en Sevilla Gaesco denunció ayer que la Junta de Andalucía no ha abonado hasta dos millones de euros que el Ministerio de Fomento ha liberado en concepto de ayudas y subvenciones a promotores que estaban pendiente de cobro y que eran los destinatarios finales de esa cantidad. Por este motivo, y al no saber esta asociación dónde ha podido ir a parar ese montante, anunció que pondrá en conocimiento de la Fiscalía los hechos para depurar responsabilidades. Estos dos millones son una parte de los 7,5 que se le adeuda a empresas de la provincia de Sevilla por parte tanto de la Administración autonómica como nacional, que se elevan a 18 millones en el caso regional, informó ayer el gerente de Gaesco, Juan Aguilera. Hay subvenciones que tiene que abonar la Junta con el compromiso previo del Ministerio de Fomento que este ha notificado pero que por más gestiones que hacemos no conseguimos que se abonen, insistió el representante de la patronal. En concreto, hay seis promociones afectadas en Sevilla y las empresas que están al cargo de ellas pymes de carácter familiar, están en riesgo de quiebra, ya que alguna de ellas era hasta de 97 viviendas y las que más sufren son las más pequeñas. Hay casos en los que se han levantado promociones de alquiler con opción a compra en terrenos de EPSA [propiedad de la Administración andaluza] y no les llegan las subvenciones a pesar de tenerlas concedidas, ya que compraron precisamente esos terrenos con ese compromiso, sentenció. Respecto a estas informaciones, la Consejería que dirige Elena Cortés no quiso hacer declaraciones. Mientras tanto, el secretario de Gaesco y asesor jurídico Marcos Cañadas indicó que desde esta asociación se ha intentado abordar el tema con las consejerías implicadas Fomento y Vivienda y Hacienda a través de reuniones pero que, al ver agotadas las vías extrajudiciales, estamos estudiando el inicio de acciones legales de manera individualizada dependiendo del caso. Las primeras demandas se presentarán antes de fin de año, informó Cañadas. En el más sangrante, que hace referencia a los dos millones liberados por el Estado, no se descarta la vía penal, mientras que para otras ayudas y subvenciones no cobradas se acudirá a la vía contencioso administrativa, ya que están vinculados a planes de vivienda anteriores a los que no se les ha dado cumplimiento, lo que genera inseguridad jurídica. La rueda de prensa ofrecida ayer por Gaesco sirvió además para criticar el nuevo Plan Marco de Vivienda y Rehabilitación de la Junta de Andalucía, del que dijo Aguilera que no es un plan sino una declaración de intenciones sobre políticas de vivienda. Así, criticó las palabras de Elena Cortés en relación a que hay más de 600.000 viviendas vacías en Andalucía y que no hace falta construir más. Eso habría que matizarlo, ya que el stock en la comunidad está donde está fundamentalmente en la costa y las viviendas no se pueden llevar en camión de un lado a otro; la Junta debe saber que hay una demanda real procedente sobre todo de las familias más modestas y por ello hay que cuantificar ese stock, localizarlo, segmentarlo y ver si responde o no a las necesidades de los compradores, explicó Aguilera. En cuanto a la importancia que se le da desde la Junta a la rehabilitación, el gerente de Gaesco incidió en que hay no hay que centrarse en arreglar cuartos de baño, sino en reforzar los equipamientos urbanos en barrios como los sevillanos de San jerónimo o Los Pajaritos. Por otro lado, y en lo que se refiere a obra pública, las deudas de las administraciones con las empresas del sector en Andalucía asciende a 400 millones de euros por provincias no está cuantificada, según Gaesco, quien mostró la preocupación de esta asociación ante la insuficiencia de recursos para un sector vital para la economía andaluza. Así, denunció que los Presupuestos Generales del Estado ha habido una bajada importante en la obra pública en la comunidad, a lo que se suman las cuentas autonómicas, ya que desde la Junta, aseveró, se verá seriamente afectado el sector por la reducción de inversiones, que no viene compensado tampoco por una rebaja de los impuestos.
