El Ministerio de Exteriores ha remitido ya al Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) el informe que este órgano le había solicitado sobre el posible traslado a la Corte Penal Internacional (CPI) del juez Baltasar Garzón, al que el Gobierno da su visto bueno.
En dicho informe, Exteriores contesta afirmativamente a la solicitud de traslado formulada por Garzón, ya que apoya todas las medidas destinadas a mejorar los recursos humanos y materiales del tribunal internacional de La Haya.
Este informe es uno de los que ha solicitado el CGPJ antes de pronunciarse sobre la petición del juez de la Audiencia Nacional de trasladarse en situación de servicios especiales durante siete meses a la CPI como "consultor externo".
Paralelamente, el CGPJ ha convocado para hoy un Pleno extraordinario para decidir si suspende cautelarmente en sus funciones al titular del Juzgado Central de Instrucción número 5, después de que el magistrado del Tribunal Supremo (TS) Luciano Varela acordara la apertura de juicio oral contra Garzón por la investigación de los crímenes del franquismo.
Vocales del sector conservador del CGPJ como Antonio Dorado, consideran que la única salida posible es la suspensión. "No cabe un no" a la suspensión de Garzón ya que "es automático porque la Ley Orgánica del Poder Judicial, en el Artículo 383, establece los supuestos de suspensión de un juez o un magistrado" y el de Garzón es "uno de esos supuestos".
Sin embargo, otras fuentes del órgano de gobierno de los jueces señalaron que cabe la posibilidad de que durante el debate de las suspensión se plantee la posibilidad de no acordarla por el hecho de Garzón haya solicitado "apartarse" él mismo de sus funciones al pedir el traslado a La Haya.
En estas circunstancias, el presidente del Consejo General del Poder Judicial, Carlos Dívar, exigió ayer a los vocales del órgano que mantengan el secreto de sus deliberaciones y que eviten las filtraciones. Asimismo, Dívar destacó la necesidad de mantener la "serenidad en determinados momentos".
Precisamente, Dívar hizo estas declaraciones en la firma de un convenio con el ministro de Justicia, Francisco Caamaño, para que los jueces puedan ser defendidos por la Abogacía del Estado en los casos en los que se enfrenten a algún procedimiento judicial por el desempeño de sus funciones. El presidente del CGPJ y del Tribunal Supremo añadió que se viven en la Administración de Justicia tiempos "convulsos y revueltos".
