Manuel Gracia durante su rueda de prensa.
Después de la polémica por la subida de las dietas en el Parlamento pactada por los tres grupos y sin publicidad, la institución trata de lavar su imagen con nuevas medidas de transparencia y austeridad. El presidente de la Cámara, el socialista Manuel Gracia, en el punto de mira después de que el presidente de la Junta, José Antonio Griñán, le obligara a rectificar la controvertida subida de dietas convocó ayer a los tres portavoces parlamentarios para ganar ejemplaridad. Todos acordaron encargar a los servicios jurídicos de la Cámara varios informes que incluirán la posibilidad de que los diputados hagan públicas sus declaraciones de bienes, actividades, intereses, patrimonio e IRPF. Hasta ahora los parlamentarios están obligados a difundir su declaración de actividades, bienes y retribuciones, pero Gracia admitió que esta información, que se puede consultar en la web, es mejorable. La idea es que un ciudadano pueda conocer las declaraciones de la renta y el patrimonio de sus señorías. Eso es lo que socialistas e IU exigen en este momento a Juan Ignacio Zoido, líder del PP andaluz, alcalde de Sevilla y diputado autonómico, después de que se haya publicado en prensa que cobró de su partido 24.840 euros en sobresueldos durante seis años (desde 2006 a 2011). El secretario general del PP andaluz, José Luis Sanz, insistió ayer que Zoido ha explicado suficientemente esa retribución y que el dinero está declarado a Hacienda. Este asunto no tiene más recorrido, aseguró.
De momento los tres grupos (PSOE, PP e IU) solo se han puesto de acuerdo en que los servicios jurídicos de la Cámara redacten los informes sobre transparencia. Cuando estén listos, cada partido hará sus propuestas concretas. El presidente del Parlamento confió en que esta negociación no se demore más allá de agosto. En realidad las medidas de transparencia que ahora se van a estudiar llevan ya meses sobre la mesa política que se creó en el marco del Pacto por Andalucía auspiciado por Griñán. Después de varias reuniones, en pleno escándalo por el caso Bárcenas, los grupos se pusieron a priori de acuerdo en prohibir las donaciones privadas a los partidos, en fiscalizar todos los años la contabilidad de cada formación y en hacer públicas las declaraciones de la renta de los políticos. El PP-A se descolgó del pacto porque lo considera un paripé. El vicesecretario general del PSOE-A, Mario Jiménez, lamentó que cuando se estaba hablando de esos puntos en la mesa política, el PP-A decidió levantarse.
Los grupos parlamentarios quieren pactar también la semana que viene un mínimo de actividad de plenos y comisiones en los meses de julio y enero, hasta ahora inhábiles.
